Una jueza federal en San Francisco bloqueó este miércoles los despidos de empleados federales ordenados por la administración del presidente Donald Trump, en el marco del cierre parcial del Gobierno que ya cumple su segunda semana.
La magistrada Susan Illston emitió una orden temporal de restricción que impide a la Casa Blanca proceder con las destituciones mientras se revisan los procesos legales en curso. Según la jueza, los trabajadores podrían sufrir daños irreparables si los despidos se concretan antes de que se resuelvan los recursos presentados.
“La acción podría causar perjuicios irreversibles a los empleados antes de que se determine la legalidad de las medidas”, señaló la magistrada en su fallo.
La decisión responde a una demanda colectiva e individual de varios empleados federales afectados, quienes argumentaron que los despidos durante el cierre violan sus derechos laborales y constitucionales.
Aunque Trump no reaccionó directamente al fallo, reiteró durante una conferencia en la Casa Blanca que su administración continuará con los despidos, especialmente en agencias donde, según dijo, hay “personas vinculadas al Partido Demócrata”.
Un cierre sin salida política
El cierre de Gobierno se mantiene desde hace dos semanas, mientras el Senado estadounidense acumula nueve intentos fallidos de aprobar una medida de financiamiento temporal. Las diferencias entre republicanos y demócratas en torno a los fondos para la atención sanitaria y la continuidad del programa Obamacare siguen bloqueando cualquier acuerdo.
El senador republicano John Kennedy advirtió este miércoles que el país está “a las puertas del cierre de Gobierno más largo de la historia”, responsabilizando a los demócratas por la falta de avances.
Desde el inicio de la crisis, se han despedido a más de 4.100 empleados federales, y alrededor de 1,3 millones permanecen sin salario o trabajando sin recibir pago. El impacto se extiende a agencias clave, como el Departamento de Justicia y los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC).
La orden judicial de Illston brinda un respiro temporal a miles de trabajadores, pero no pone fin al conflicto político que mantiene paralizadas las operaciones del Gobierno federal.
