La afirmación del vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, de que el agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) que mató a una mujer en Mineápolis goza de “inmunidad absoluta” no tiene respaldo legal, según expertos en derecho policial.
Así lo aseguró Emmanuel Mauleón, profesor de la Universidad de Minnesota y especialista en derecho de las fuerzas del orden, quien explicó que un agente de ICE no tiene inmunidad absoluta, pese a tratarse de un funcionario federal en el ejercicio de sus funciones.
El caso se remonta al pasado miércoles, cuando Renee Good, una mujer estadounidense de 37 años, murió por disparos de un agente federal durante una operación de ICE. Desde el primer momento, la Administración de Donald Trump ha sostenido que el agente, identificado como Jonathan Ross, actuó en defensa propia al supuestamente intentar la víctima atropellarlo con su vehículo.
JD Vance reforzó esa versión al declarar en la Casa Blanca que el agente estaba protegido por inmunidad absoluta por tratarse de una operación federal. Sin embargo, Mauleón fue tajante al desmentirlo.
“El vicepresidente lo afirmó, pero no existe base legal para sostener que los agentes federales tengan inmunidad absoluta”, explicó el académico. Añadió que esa figura jurídica no se aplica a agentes federales de las fuerzas del orden.
Lo que sí existe, aclaró, es la llamada inmunidad de supremacía federal. Esta protección solo se mantiene si el agente actuó de manera autorizada, necesaria y razonable para hacer cumplir la ley federal. Si se demuestra que hubo negligencia, imprudencia o uso injustificado de la fuerza, esa inmunidad deja de aplicarse.
En esos casos, el agente podría enfrentar cargos penales tanto a nivel estatal como federal. A nivel estatal, podría ser acusado de homicidio involuntario o asesinato. En el ámbito federal, podría enfrentarse a cargos por privación intencionada de derechos constitucionales, una figura utilizada cuando un funcionario viola derechos protegidos por la Constitución.
La fiscal del condado de Hennepin, Mary Moriarty, coincidió en rechazar públicamente la idea de que el agente esté protegido por inmunidad absoluta, subrayando que el caso debe investigarse como cualquier otro uso letal de la fuerza.
Mauleón comparó la situación con el caso de George Floyd, también ocurrido en Mineápolis en 2020. En aquel episodio, el agente Derek Chauvin fue condenado tanto por tribunales estatales como federales, a pesar de estar en servicio, y otros agentes presentes también fueron responsabilizados por no intervenir.
Actualmente, el FBI lidera la investigación por la muerte de Good y controla las pruebas del caso. Autoridades estatales y locales, incluido el gobernador de Minnesota, Tim Walz, y el alcalde de Mineápolis, Jacob Frey, han denunciado que el Gobierno federal les ha impedido acceder al expediente.
La fiscalía local ha pedido a los ciudadanos que entreguen formalmente cualquier video o prueba, ya que el material que circula en redes sociales no puede ser usado legalmente si no se presenta por los canales oficiales.
Según Mauleón, existe una fuerte preocupación por la transparencia del proceso, especialmente porque altos funcionarios del Gobierno ya han dado por justificada la actuación del agente antes de que concluya la investigación.
Para el experto, ese adelantamiento de conclusiones pone en riesgo la credibilidad del proceso y podría sentar un precedente peligroso sobre el uso de la fuerza por parte de agentes federales.
