El exministro ecuatoriano José Serrano comparece este miércoles ante una corte migratoria en Miami, en una audiencia que podría definir si permanece en Estados Unidos o si es enviado a Ecuador. Allí enfrenta un proceso judicial por el asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio.
Serrano, de 54 años, fue ministro durante el Gobierno de Rafael Correa y permanece detenido desde agosto pasado en el centro migratorio Krome, en Miami. Además, mantiene en curso una solicitud de asilo político en Estados Unidos.
La Fiscalía de Ecuador lo investiga como presunto autor intelectual del asesinato de Villavicencio, ocurrido el 9 de agosto de 2023 a la salida de un mitin político. En el mismo caso también figuran Xavier Jordán, Daniel Salcedo y el exasambleísta Ronny Aleaga, entre otros señalados por las autoridades ecuatorianas.
La audiencia migratoria en Miami
La situación de José Serrano en Miami combina dos procesos distintos. Por un lado, está su caso migratorio en Estados Unidos. Por otro, está la investigación penal que enfrenta en Ecuador.
Según reportes de prensa, el exfuncionario ingresó a Estados Unidos con una visa de turista en mayo de 2021 y solicitó asilo político en octubre de ese mismo año. Su defensa sostiene que teme por su seguridad si regresa a Ecuador, mientras el Gobierno ecuatoriano lo vincula con uno de los crímenes políticos más graves de los últimos años.
Su familia asegura que Serrano corre riesgo de muerte si es repatriado. En una declaración escrita a EFE, su hija Verónica afirmó que su padre es víctima de un “montaje” fabricado por estructuras criminales que él enfrentó cuando fue ministro del Interior.
La familia también recordó el asesinato en 2012 de Juan Antonio Serrano, hermano del exministro. Según Verónica Serrano, los mismos grupos criminales que estuvieron detrás de ese crimen estarían ahora vinculados a las acusaciones contra su padre.
Acusaciones cruzadas en Ecuador
El caso Villavicencio sigue generando tensiones políticas en Ecuador. La Fiscalía ha señalado a Serrano y a otros procesados como presuntos autores intelectuales del asesinato. Además, ha vinculado a líderes de Los Lobos, una de las organizaciones criminales más violentas del país.
Entre los nombres mencionados por la investigación está Wilmer Chavarría, alias “Pipo”, líder de Los Lobos detenido en España y pendiente de extradición a Ecuador. Chavarría afirmó sin presentar pruebas que una persona cercana al ministro ecuatoriano del Interior, John Reimberg, le dijo que el crimen de Villavicencio habría sido ordenado por el presidente Daniel Noboa. El Gobierno ecuatoriano calificó esa versión como un “disparate”.
Ese punto debe tratarse con cautela. La acusación contra Noboa no ha sido probada y forma parte de una disputa más amplia en un caso lleno de declaraciones cruzadas, intereses políticos y presencia del crimen organizado.
El asilo y el temor de la familia
La familia de Serrano evitó comentar detalles específicos sobre su solicitud de asilo. Verónica Serrano señaló que los casos de asilo son reservados por ley en Estados Unidos y pidió respetar ese marco legal.
Autoridades migratorias consultadas por EFE en Miami y Washington tampoco ofrecieron comentarios sobre el proceso. El Departamento de Seguridad Nacional indicó que no tenía información que compartir en este momento.
La audiencia ocurre mientras Noboa inicia una visita oficial a Washington, donde participará en una sesión del Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos. El viaje añade peso político al momento, aunque no hay confirmación pública de que el caso Serrano forme parte de su agenda.
Un caso con impacto regional
El asesinato de Fernando Villavicencio sacudió a Ecuador durante la campaña presidencial de 2023 y mostró el avance del crimen organizado en la política del país. Varios de los presuntos autores materiales han muerto, incluidos siete sicarios colombianos señalados por el crimen.
Entre los condenados como autores materiales figura Carlos Angulo, alias “El Invisible”, identificado como cabecilla de Los Lobos y acusado de planificar la logística del ataque desde prisión.
Ahora, el futuro inmediato de Serrano depende de la justicia migratoria estadounidense. Si obtiene protección, podría permanecer en Estados Unidos mientras sigue su proceso. Si pierde, podría ser deportado a Ecuador, donde lo espera una orden de prisión preventiva por el caso Villavicencio.
Para su familia, una deportación lo pondría en peligro. Para la Fiscalía ecuatoriana, su comparecencia ante la justicia es necesaria para avanzar en la investigación. En medio de esas dos posiciones, la corte migratoria de Miami deberá decidir el próximo paso de un caso que mezcla asilo, política, crimen organizado y una herida todavía abierta en Ecuador.
