La nacionalización de la industria petrolera venezolana se concretó en 1976 mediante un proceso legal y ampliamente debatido durante el primer Gobierno del presidente Carlos Andrés Pérez. Sin embargo, casi cinco décadas después, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha cuestionado ese proceso al denunciar un supuesto despojo de derechos a empresas estadounidenses, una afirmación que expertos consultados por EFE consideran infundada.
El historiador Tomás Straka calificó las declaraciones de Trump como una interpretación “muy mal informada” de la historia petrolera venezolana. En la misma línea, la exviceministra de Energía y Minas Dolores Dobarro recordó que, desde la independencia, los recursos del subsuelo han sido propiedad del Estado venezolano.
Las acusaciones de Trump se producen en un contexto de creciente tensión entre Washington y Caracas, marcado por el bloqueo de buques petroleros sancionados y la incautación de dos tanqueros con crudo venezolano. El Gobierno de Nicolás Maduro ha denunciado estas acciones como actos de piratería y ha acusado a Estados Unidos de intentar apropiarse de los recursos energéticos del país.
La nacionalización de 1976
El 29 de agosto de 1975, Venezuela publicó en la Gaceta Oficial la Ley Orgánica que reserva al Estado la industria y el comercio de los hidrocarburos, conocida como la Loreich. Esta norma estableció que, a partir del 1 de enero de 1976, quedaban extinguidas las concesiones petroleras vigentes.
Hasta entonces, la explotación del crudo estaba en manos de empresas privadas, en su mayoría de capital extranjero, aunque formalmente registradas en Venezuela. Con la nacionalización, el Estado asumió el control de la exploración, producción, refinación y exportación del petróleo.
Para administrar la industria, el Gobierno creó Petróleos de Venezuela (PDVSA), que pasó a gestionar los activos de las antiguas concesionarias. Según Dobarro, el proceso fue ampliamente debatido y consensuado entre las principales fuerzas políticas de la época.
Apertura en los años noventa
Durante la década de 1990, Venezuela reabrió parcialmente su sector petrolero a la inversión extranjera mediante convenios operativos y asociaciones estratégicas. El objetivo era atraer capital y tecnología para aumentar la producción, sin revertir la propiedad estatal de los recursos.
El giro bajo Hugo Chávez
La llegada de Hugo Chávez al poder en 1999 marcó un cambio de rumbo. Aunque la nacionalización ya existía, el líder chavista profundizó el control estatal, especialmente a partir de 2007, cuando obligó a las empresas extranjeras a operar bajo esquemas de empresas mixtas con PDVSA como socia mayoritaria.
Las compañías que rechazaron estas condiciones, como ExxonMobil y ConocoPhillips, fueron expropiadas y posteriormente obtuvieron laudos favorables en arbitrajes internacionales, que obligaron a Venezuela a pagar compensaciones.
El economista Francisco Monaldi destacó que, en ese período, PDVSA perdió la autonomía que había mantenido durante décadas, al tiempo que sus recursos fueron utilizados para financiar programas sociales. Además, miles de trabajadores fueron despedidos tras el paro petrolero de 2002 y 2003.
Un proveedor clave para Estados Unidos
Straka subrayó que Venezuela ha sido históricamente un actor estratégico para Estados Unidos debido a su cercanía geográfica y a la calidad de su crudo. Aunque ya no ocupa el lugar dominante que tuvo durante la Segunda Guerra Mundial, sigue siendo un proveedor relevante.
No obstante, el historiador enfatizó que Estados Unidos nunca ha tenido derechos sobre el subsuelo venezolano. Según la tradición legal hispánica, vigente desde la época colonial, los recursos naturales pertenecen al Estado, un principio que se mantiene hasta hoy.
