El Tribunal Supremo de Estados Unidos autorizó la reactivación de redadas migratorias en California basadas en raza, idioma o tipo de empleo, lo que ha desatado un fuerte debate sobre discriminación y derechos civiles. La decisión, tomada por cinco votos contra cuatro, respondió a una petición del presidente Donald Trump para reanudar los operativos en Los Ángeles.
La jueza Sonia Sotomayor, en su voto disidente, advirtió que esta medida legitima el “perfilamiento racial” y atenta contra comunidades enteras. “No deberíamos vivir en un país donde alguien pueda ser detenido por parecer latino, hablar español o trabajar en empleos mal pagados”, señaló.
Los operativos habían sido suspendidos en julio por una corte federal, pero el Gobierno argumentó que más de 5.000 arrestos en la zona justifican su continuidad. Desde junio, las redadas han generado protestas en Los Ángeles, donde enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas del orden dejaron decenas de detenidos.
El gobernador de California, Gavin Newsom, calificó el fallo como una “estrategia de terror racial” y aseguró que su estado no será cómplice de políticas discriminatorias. La alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, se sumó a las críticas y afirmó que la ciudad “no perseguirá a personas por el color de su piel o el idioma que hablen”.
Organizaciones civiles como la ACLU y Human Rights Watch denunciaron que la medida abre la puerta a abusos y erosiona la confianza en las instituciones. Mientras tanto, los operativos se han extendido a otras ciudades como Chicago y Boston, confirmando la intención del Gobierno de Trump de ampliar su control federal sobre la seguridad en las grandes urbes.
