Estados Unidos aseguró haber destruido al menos 35 embarcaciones y causado más de cien muertes en el Caribe y el océano Pacífico durante una ofensiva antidrogas desarrollada a lo largo de los últimos cinco meses, una campaña militar que ha generado fuertes cuestionamientos internacionales por el uso de fuerza letal en aguas internacionales.
La Administración del presidente Donald Trump confirmó que el último día del año lanzó un nuevo ataque contra tres lanchas que, al igual que en operaciones anteriores, vinculó con el tráfico de drogas. Washington sostiene que estas acciones forman parte de un “conflicto armado directo” contra organizaciones criminales latinoamericanas, a las que clasifica como grupos terroristas.
La ofensiva comenzó en agosto, cuando Estados Unidos ordenó el despliegue de buques militares en el Caribe, con especial atención en Venezuela. Posteriormente, las operaciones se extendieron al Pacífico oriental, involucrando rutas marítimas cercanas a Colombia y otros países de la región.
Los gobiernos de Venezuela y Colombia han condenado estos ataques. Caracas, encabezada por Nicolás Maduro, y Bogotá, bajo la presidencia de Gustavo Petro, han denunciado que se trata de asesinatos y ejecuciones extrajudiciales, y rechazan las acusaciones de Washington sobre supuestos vínculos estatales con el narcotráfico.
La Organización de las Naciones Unidas también ha expresado preocupación. Voceros del organismo han advertido que estas operaciones podrían constituir violaciones al derecho internacional y han pedido a Estados Unidos que cese el uso de fuerza letal fuera de su jurisdicción.
El aumento de los ataques coincide con un mayor escrutinio del Congreso estadounidense sobre la legalidad de estas operaciones, especialmente tras el bombardeo del 2 de septiembre, cuando un ataque aéreo habría rematado a dos sobrevivientes. Expertos en derecho internacional han señalado ese episodio como un posible crimen.
Durante la campaña, Estados Unidos ha difundido comunicados y videos de algunos ataques, pero en la mayoría de los casos no ha presentado pruebas públicas que respalden la presunta vinculación de las víctimas con el narcotráfico.
A lo largo de septiembre, octubre, noviembre y diciembre, el Comando Sur de Estados Unidos reportó ataques casi semanales contra lanchas rápidas y embarcaciones calificadas como “de bajo perfil”, tanto en el Caribe como en el Pacífico oriental. En uno de los episodios más mortíferos, el 28 de octubre, catorce personas murieron tras el bombardeo de cuatro lanchas en el Pacífico.
En otra operación, el 16 de octubre, Estados Unidos atacó un submarino artesanal. Dos tripulantes murieron y dos sobrevivieron. Estos últimos fueron trasladados a sus países de origen sin enfrentar un proceso judicial, pese a ser señalados como narcotraficantes.
A mediados de noviembre, el secretario de Guerra estadounidense, Pete Hegseth, presentó oficialmente la operación militar denominada Southern Spear, o Lanza del Sur, vinculándola a la lucha contra el narcotráfico originado en América Latina.
La escalada alcanzó un nuevo nivel a finales de diciembre, cuando el presidente Trump afirmó que Estados Unidos había destruido una “gran instalación” en una zona portuaria utilizada para cargar drogas en embarcaciones. Días después, The New York Times informó que la Agencia Central de Inteligencia había ejecutado un ataque con drones contra una instalación portuaria en Venezuela, lo que marcaría la primera operación estadounidense conocida dentro del territorio venezolano.
Ni el Gobierno venezolano ni el colombiano han confirmado la presencia de redes de narcotráfico en los puntos atacados, mientras que organizaciones de derechos humanos advierten que la estrategia estadounidense podría sentar un precedente peligroso en el uso de fuerza militar fuera de zonas de conflicto declaradas.
La ofensiva antidrogas de Estados Unidos sigue activa en 2026, en medio de un clima de creciente tensión diplomática, cuestionamientos legales y llamados internacionales a frenar el uso de ataques letales en aguas internacionales.
