Una jueza federal anuló este martes la aplicación de la detención obligatoria para inmigrantes en proceso de deportación, al dejar sin efecto una decisión de la Junta de Apelaciones de Inmigración (BIA) que respaldaba esa política impulsada durante la administración del presidente Donald Trump.
La magistrada concluyó que la BIA no tenía autoridad para reinterpretar el alcance de una orden judicial previa que había limitado la detención automática sin derecho a audiencia de fianza. Según el tribunal, el órgano administrativo excedió sus funciones al intentar mantener una interpretación que ya había sido cuestionada por cortes federales.
Límites a la autoridad administrativa
En su resolución, la jueza sostuvo que la detención obligatoria para inmigrantes no puede aplicarse de manera generalizada sin respetar el derecho a una evaluación individual. La decisión refuerza el criterio de que las personas sujetas a procesos migratorios deben tener acceso a una audiencia ante un juez que determine si pueden enfrentar su caso en libertad.
El fallo representa un revés para los intentos de ampliar la detención automática, incluso en casos de inmigrantes arrestados lejos de la frontera o que llevaban años residiendo en Estados Unidos.
Posible apelación y alcance nacional
Aunque el Gobierno federal puede apelar la decisión, expertos legales indicaron que el fallo reafirma el papel de los tribunales como contrapeso frente a decisiones administrativas en materia migratoria.
Además, la resolución podría influir en litigios similares en otras jurisdicciones del país, especialmente en aquellos relacionados con la aplicación de la detención obligatoria para inmigrantes sin audiencia previa.
El caso se suma al debate continuo sobre el equilibrio entre la política migratoria y las garantías procesales dentro del sistema judicial estadounidense.
