Organizaciones migratorias y ambientales celebran los reportes sobre el posible cierre de “Alligator Alcatraz”, el polémico centro de detención construido en los Everglades, al oeste de Miami. Sin embargo, advierten que la clausura no borra el daño causado a migrantes ni al ecosistema.
El centro fue inaugurado en julio de 2025 como parte de la cooperación de Florida con la política migratoria del Gobierno de Donald Trump. Desde entonces, se convirtió en un símbolo de la detención masiva de inmigrantes y de las condiciones denunciadas por activistas, abogados y familiares.
Reportes de prensa indican que el lugar podría cerrar en junio por sus altos costos e ineficiencia. Su operación ha sido estimada en más de un millón de dólares diarios. El gobernador Ron DeSantis defendió el centro y dijo que permitió procesar y deportar a unas 22.000 personas.
Una “victoria” que no cierra el caso
Para grupos que han protestado durante meses, el posible cierre representa una victoria parcial. Pero también insisten en que debe haber rendición de cuentas.
María Bilbao, coordinadora de campañas de American Friends Service Committee, dijo a EFE que el centro dejó sufrimiento, familias separadas y dudas sobre el uso de dinero público. También criticó la falta de transparencia sobre cuántas personas estuvieron detenidas y en qué condiciones.
Esa preocupación coincide con denuncias de organizaciones de derechos civiles. La ACLU presentó una demanda contra el centro, al cuestionar la autoridad de Florida para detener inmigrantes en una instalación estatal y al denunciar el uso de acuerdos migratorios para crear una cárcel de inmigración en los Everglades.
Daño ambiental en los Everglades
El frente ambiental tampoco se detendrá con la clausura. Friends of the Everglades y el Center for Biological Diversity demandaron a autoridades federales, estatales y locales para exigir una revisión ambiental del proyecto.
Eve Samples, directora ejecutiva de Friends of the Everglades, advirtió a EFE que será necesario entrar al sitio y evaluar de forma transparente qué reparación requiere el terreno. Según la organización, la construcción afectó una zona sensible y hábitat de especies en peligro.
AP reportó que los ambientalistas consideran que el cierre no es casual, ya que el caso vuelve a manos del juez federal que antes había ordenado detener el centro por falta de revisión ambiental. Ese bloqueo fue suspendido luego por una corte de apelaciones, pero la demanda sigue viva.
Un centro “temporal” con costos duraderos
DeSantis sostuvo que “Alligator Alcatraz” siempre fue concebido como una instalación temporal, creada mientras el Gobierno federal ampliaba su capacidad de detención. También afirmó que, si cerrara, habría cumplido su propósito.
Pero los críticos responden que el costo fue demasiado alto. Florida ha buscado reembolsos federales por cientos de millones de dólares, mientras organizaciones civiles cuestionan que se hayan usado fondos de emergencia para sostener el centro. Reportes locales señalan que el estado aún espera parte de esos reembolsos.
La discusión también tiene un ángulo político. El cierre de un solo centro no termina con las detenciones de ICE ni con las redadas. Para activistas migratorios, muchas personas pueden ser trasladadas a otras instalaciones y seguir enfrentando condiciones similares.
Reclamos por memoria y responsabilidad
Yurina Gil, inmigrante cubana y candidata demócrata al Congreso por el distrito 26 de Florida, pidió que el lugar no sea simplemente desmontado y olvidado. Propuso construir un monumento para recordar lo que vivieron los migrantes detenidos allí.
El reclamo resume el sentimiento de muchas organizaciones: cerrar el centro no basta. Quieren saber quién autorizó la obra, cuánto costó, cuántas personas fueron detenidas, qué condiciones enfrentaron y cómo se reparará el daño ambiental.
“Alligator Alcatraz” podría dejar de operar en las próximas semanas. Pero su legado legal, humano y ecológico seguirá abierto. Para sus críticos, el cierre sería apenas el primer paso. El siguiente será exigir respuestas.
