El presidente de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC), Brendan Carr, ha tomado protagonismo en la controversia que rodea la suspensión del programa de Jimmy Kimmel en ABC, después de que el presentador hiciera comentarios sobre el asesinato del activista conservador Charlie Kirk.
Carr, considerado un aliado clave de Donald Trump, lleva días presionando a la cadena. En entrevistas recientes, calificó el monólogo de Kimmel como “un esfuerzo concertado para mentirle al pueblo estadounidense” y celebró que la suspensión sea “un punto de inflexión” frente a lo que llama la audiencia del “foie gras progre”.
La decisión de ABC de retirar de forma indefinida el late night de Kimmel se conoció poco después de que CBS anunciara el final en 2026 del Late Show with Stephen Colbert. Para la Administración Trump, se trata de un ajuste de cuentas con medios a los que acusa de sesgo político.
Un perfil cercano a Trump y al Proyecto 2025
Carr, de 46 años, inició su carrera en la FCC en 2012 y se consolidó como figura conservadora durante el primer mandato de Trump, trabajando junto a Ajit Pai. Su participación en el Proyecto 2025 de la Heritage Foundation lo vinculó directamente con la estrategia mediática del actual presidente.
Al ser nombrado presidente de la FCC en enero, Trump lo describió como “un campeón de la libertad de expresión” y un crítico feroz de los grandes medios y compañías tecnológicas, a las que acusa de censura.
Poder regulador sobre los medios
Aunque la FCC no puede censurar directamente contenidos, tiene la facultad de supervisar las licencias de transmisión y autorizar o bloquear fusiones de grandes conglomerados mediáticos. Carr ya ha reabierto quejas contra CBS, NBC y ABC por presunto sesgo político.
Un caso reciente fue la investigación sobre CBS por supuestamente editar una entrevista favorable a Kamala Harris en 2024. La disputa se resolvió con un pago millonario de Paramount, su empresa matriz, antes de que la FCC aprobara su fusión con Skydance.
Carr también ordenó revisar las políticas de diversidad de ABC y acusó a Comcast (propietaria de NBC) de “distorsionar las noticias”, acciones que críticos demócratas interpretan como un abuso de poder político contra voces contrarias a Trump.
La polémica deja en evidencia la creciente tensión entre la Administración y los medios en un país donde la libertad de expresión, protegida por la Primera Enmienda, se ha convertido en un terreno de disputa partidista.
