El exasesor de seguridad nacional de Donald Trump, John Bolton, se entregó este viernes a las autoridades judiciales tras ser imputado por manejo indebido de información clasificada, cargos que él niega rotundamente.
Bolton compareció a primera hora en una corte federal de Maryland, acompañado por su abogado Abbe Lowell, un día después de que el Departamento de Justicia (DOJ) formalizara la acusación. Evitó hablar con la prensa antes de ingresar al tribunal, en lo que marca el inicio de un proceso judicial que podría prolongarse durante meses debido a la naturaleza confidencial de los documentos implicados.
Según la imputación, Bolton enfrenta ocho cargos por transmitir información de defensa nacional y diez por retenerla, lo que podría acarrearle hasta 10 años de prisión por cada uno si es declarado culpable.
Acusaciones por registros personales y un libro de memorias
El Departamento de Justicia sostiene que Bolton redactó y guardó resúmenes diarios de sus actividades en la Casa Blanca, a modo de diario personal, mientras fue asesor de seguridad nacional durante la primera administración Trump, entre 2017 y 2019.
El documento judicial detalla que el exfuncionario habría transcrito información clasificada, conversaciones privadas y secretos gubernamentales, algunos de los cuales compartió con dos familiares que lo ayudaron a preparar su libro de memorias, publicado en 2020.
Las comunicaciones entre Bolton y sus allegados se habrían realizado a través de una cuenta de correo personal, posteriormente hackeada por actores vinculados al Gobierno de Irán, según el DOJ.
Bolton denuncia persecución política
El exfuncionario se ha declarado “víctima” de una persecución política, asegurando que la acusación forma parte de un patrón del Gobierno de Trump contra sus críticos.
“El Departamento de Justicia acusa a quienes Trump considera sus enemigos con cargos que ya fueron rechazados”, señaló su defensa, que insiste en que Bolton nunca retuvo ni compartió información clasificada.
Tercer crítico de Trump en ser imputado
Bolton es el tercer exaliado o crítico del expresidente en enfrentar cargos federales en menos de un mes. Antes de él, fueron acusados el exdirector del FBI James Comey, por presunta obstrucción y declaraciones falsas, y la fiscal general de Nueva York, Letitia James, por fraude bancario y falsedad documental.
Su caso se suma a una serie de procesos que han generado un clima político tenso en Washington, en medio de las campañas electorales de 2026 y el retorno de Trump a la Casa Blanca, con un Departamento de Justicia profundamente dividido entre leales y detractores del presidente.
