El gobernador de Florida, Ron DeSantis, defendió este lunes los resultados de su política migratoria al asegurar que el estado ha arrestado a cerca de 20.000 migrantes en los últimos nueve meses, durante su último discurso del Estado del Estado ante el Congreso floridano.
En su intervención, DeSantis presentó a Florida como el estado líder en la agenda antiinmigrante a nivel nacional y destacó que es la única entidad del país que exige por ley la cooperación obligatoria de autoridades estatales y locales con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).
“Florida es el único estado que requiere cooperación estatal y local con las autoridades federales de inmigración. Solo en los últimos nueve meses, hemos sido responsables de la detención de casi 20.000 extranjeros indocumentados entregados al Departamento de Seguridad Nacional”, afirmó el mandatario.
DeSantis, quien dejará el cargo en enero de 2027 tras completar ocho años como gobernador, enumeró entre sus principales logros la prohibición de las llamadas “ciudades santuario” y la aplicación obligatoria de los acuerdos 287(g), que permiten a policías locales colaborar directamente en funciones migratorias.
Durante su administración, Florida aprobó la ley SB 4-C, considerada una de las legislaciones estatales más estrictas del país en materia migratoria. La norma convierte en delito estatal la entrada de personas indocumentadas al estado y endurece las sanciones tanto para migrantes como para empleadores.
Organizaciones civiles han criticado estas políticas y han acusado al gobierno estatal de convertir a Florida en un modelo de detención migratoria para el resto del país. Las denuncias se intensificaron tras la apertura en 2025 de centros de detención como “Alligator Alcatraz”, al oeste de Miami, y “Deportation Deport”, en el norte del estado, nombres que activistas consideran parte de una estrategia de deshumanización.
El gobernador adelantó que el nuevo periodo de sesiones del Congreso estatal analizará reformas adicionales para “desincentivar aún más la inmigración ilegal”. Entre las propuestas en discusión figuran multas para empleadores que no verifiquen el estatus migratorio de sus trabajadores y cargos criminales para quienes contraten a más de 50 empleados indocumentados.
Otras iniciativas buscan restringir el acceso de personas sin estatus legal a préstamos financieros, limitar el envío de remesas y establecer una presunción de culpabilidad para migrantes indocumentados involucrados en accidentes de tránsito.
DeSantis sostuvo que estas medidas refuerzan la seguridad pública y envían un mensaje de tolerancia cero, mientras Florida consolida su posición como uno de los estados con las políticas migratorias más duras de Estados Unidos.
