Venezuela elevó este martes a 3.685 la cifra de muertos por los dos potentes sismos del pasado 24 de junio, mientras la emergencia humanitaria abre un nuevo frente político: el pedido de más de un centenar de economistas y académicos para que Estados Unidos levante sanciones económicas y permita mayor acceso a recursos internacionales.
El balance oficial mantiene en 16.740 el número de heridos y en 6.462 el de personas rescatadas. Además, la cifra de personas que quedaron sin vivienda subió a 17.907, en medio de una crisis que sigue golpeando especialmente al estado costero de La Guaira, una de las zonas más devastadas por los terremotos.
La tragedia ha dejado no solo edificios colapsados, sino también una enorme presión sobre hospitales, refugios, servicios básicos y equipos de rescate. Según reportes recientes, el volumen de escombros en La Guaira supera el millón de toneladas, entre concreto, acero, bienes personales y enseres de familias damnificadas.
En paralelo, 113 economistas y académicos pidieron al Gobierno de Estados Unidos levantar las sanciones económicas contra Venezuela y solicitaron al Fondo Monetario Internacional facilitar el acceso del país a mecanismos financieros para enfrentar la emergencia. El grupo reclamó retirar restricciones al Banco Central, a PDVSA y a otras instituciones, con el argumento de que esas medidas dificultan la llegada de recursos en un momento crítico.
Los firmantes sostienen que las sanciones no solo agravan la crisis económica, sino que también pueden obstaculizar la respuesta humanitaria y la reconstrucción. Su pedido incluye permitir el acceso a fondos internacionales, activos congelados y herramientas de financiamiento de emergencia.
La emergencia también llevó al país al centro de la agenda humanitaria internacional. Tom Fletcher, secretario general adjunto de la Oficina de Naciones Unidas para Asuntos Humanitarios, llegó a Venezuela para una visita de cuatro días. Durante su estadía, tiene previsto reunirse con sobrevivientes, rescatistas, personal de primera línea y altos funcionarios del Gobierno.
Fletcher ya había advertido que Venezuela necesitaba apoyo internacional sostenido, especialmente porque antes de los terremotos casi ocho millones de personas requerían asistencia humanitaria. La ONU considera que el desastre puede profundizar vulnerabilidades existentes si la ayuda no se mantiene en las próximas semanas.
La situación de los presos políticos también entró en la discusión pública. Familiares denunciaron a EFE que algunos detenidos han sido abandonados tras los sismos, con deterioro en la alimentación y falta de atención a estructuras que habrían sufrido daños. El grupo realizó una vigilia frente a la Embajada de Estados Unidos en Caracas en memoria de las víctimas.
En el plano internacional, Venezuela ha seguido recibiendo asistencia. Haití anunció el envío de una misión médica compuesta por 31 profesionales de la salud, mientras países como Francia, Portugal y China continuaron enviando ayuda humanitaria. El Gobierno venezolano también pidió apoyo técnico a países con experiencia sísmica, como Japón, Perú y Chile.
La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, se reunió además con una delegación israelí para coordinar fases de remoción de escombros en La Guaira. Esa tarea será clave para avanzar en la búsqueda, despejar zonas de riesgo y empezar a planificar la reconstrucción.
La crisis ocurre mientras el Gobierno realiza cambios administrativos. Rodríguez nombró a José David Cabello como presidente de Pequiven, tras casi dos décadas al frente del Seniat. También designó recientemente a Francisco Garcés como ministro de Transporte, mientras asignó a Jacqueline Faría responsabilidades vinculadas a la recuperación de viviendas e infraestructura afectada.
La magnitud del desastre coloca a Venezuela ante un desafío doble. Por un lado, debe sostener las labores urgentes de rescate, atención médica, refugio y distribución de alimentos. Por otro, enfrenta una reconstrucción que exigirá recursos, coordinación internacional y capacidad técnica en un país ya debilitado por años de crisis económica.
El llamado a levantar sanciones agrega presión diplomática a una tragedia que sigue creciendo en cifras humanas. Mientras aumentan los muertos y las familias sin hogar, la pregunta central ya no es solo cuánta ayuda llegará, sino qué tan rápido podrá movilizarse para evitar que la emergencia se convierta en una crisis prolongada.
