El Tribunal Supremo de Estados Unidos anunció este jueves que en noviembre escuchará los argumentos sobre la legalidad de los aranceles de Trump, una medida que marcará el rumbo del comercio internacional y de la política fiscal del país.
La Administración del republicano recurrió con urgencia para que la corte determine si el presidente tenía autoridad legal para aprobar la mayoría de los gravámenes impuestos este año a China, Canadá y México. Estos aranceles, que incluyen tasas del 34 % para ciertos productos chinos, un 25 % para algunos bienes de Canadá y México, y un mínimo del 10 % a otras importaciones, se justificaron por la Casa Blanca como respuesta a la falta de medidas efectivas contra el tráfico de fentanilo.
El 9 de septiembre, el Supremo aceptó estudiar el caso por la vía rápida tras fallos de cortes inferiores que consideraron que Trump abusó de una ley de emergencia para establecer los aranceles. Un tribunal federal de apelaciones dictaminó en agosto que no tenía derecho a aplicar los llamados “aranceles recíprocos”, aunque evitó suspenderlos mientras el caso llegaba a la máxima instancia.
Riesgos para la economía
El Gobierno confía en los ingresos de aduanas para financiar su ambicioso plan de reforma presupuestaria y fiscal, aprobado en julio, que incluye amplios recortes de impuestos. Pero una derrota en el Supremo obligaría a devolver decenas de miles de millones de dólares mensuales a los países afectados, lo que pondría en riesgo la estabilidad presupuestaria estadounidense.
Por el contrario, una victoria reforzaría la autoridad presidencial en materia comercial y abriría la puerta a un uso más amplio de la ley de emergencia para presionar a los socios internacionales.
El fallo, esperado tras las audiencias de noviembre, será decisivo no solo para el futuro de los aranceles de Trump, sino también para definir el alcance de los poderes presidenciales en política económica.
