El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, solicitó este martes al Departamento de Justicia (DOJ) una compensación de unos 230 millones de dólares por las investigaciones federales que se realizaron en su contra tras su primer mandato.
Durante una declaración en la Casa Blanca, Trump aseguró que el Gobierno le debe dinero por los procesos judiciales a los que fue sometido.
“Sí, probablemente me deben mucho dinero”, afirmó el mandatario, en referencia a las indagaciones que enfrentó después de dejar el cargo en 2021.
La situación no tiene precedentes en la historia del país, ya que el propio Departamento de Justicia, ahora bajo su administración, deberá revisar los casos en los que el presidente fue objeto de investigación.
Demandas y reclamaciones previas
Trump ya había presentado una demanda administrativa en 2023, en la que reclamó una indemnización por presuntas violaciones a sus derechos constitucionales, entre ellas las investigaciones sobre interferencia rusa en las elecciones de 2016 y los supuestos vínculos de su campaña con el Kremlin.
En 2024, presentó una segunda denuncia contra el FBI, alegando que el registro realizado en su residencia y club Mar-a-Lago, en Florida, en busca de documentos clasificados en 2022, fue una violación a su privacidad.
El presidente también acusa al Departamento de Justicia de haber incurrido en “procesamiento malicioso”, al imputarlo por malversación de registros confidenciales después de su salida de la Casa Blanca.
Posibles conflictos éticos
Juristas han advertido que el caso representa un grave conflicto ético, ya que varios altos funcionarios del Departamento de Justicia fueron nombrados directamente por Trump, lo que podría comprometer la imparcialidad de la revisión.
“El presidente está en la posición única de reclamar dinero al mismo aparato judicial que ahora dirige”, señaló un analista legal citado por medios locales.
Represalias políticas
Durante su actual administración, Trump ha impulsado acciones legales contra figuras que participaron en investigaciones en su contra, como la fiscal general de Nueva York, Letitia James, y el exdirector del FBI, James Comey.
James lideró una investigación sobre las finanzas del entonces empresario Trump, mientras que Comey encabezó la pesquisa federal sobre la posible interferencia rusa en su campaña electoral de 2016.
Con esta nueva demanda, Trump no solo busca compensación económica, sino también revertir el relato judicial que lo persiguió durante años y reforzar su narrativa de “persecución política”, ahora desde la posición de poder que le otorga la presidencia.
