Gerardo Mérida Sánchez, exsecretario de Seguridad Pública de Sinaloa, comparecerá el próximo 1 de junio ante un tribunal federal de Nueva York, tras ser detenido en Arizona y trasladado a la ciudad para enfrentar cargos relacionados con narcotráfico y armas.
El general retirado fue arrestado el 11 de mayo en Arizona. Días después fue presentado ante una corte federal en Manhattan, donde quedó bajo custodia mientras avanza el proceso. Según el formulario de su primera audiencia, la nueva vista fue fijada para dentro de dos semanas y, hasta entonces, quedará suspendido el reloj para un juicio rápido.
Mérida se declaró no culpable de los cargos en su contra: conspiración para importar narcóticos, posesión de armamento y conspiración para poseer armamento. En conjunto, las acusaciones podrían llevar a una pena de 40 años a cadena perpetua si es declarado culpable.
El tribunal le asignó como defensora de oficio a Sarah Krissoff, una abogada con experiencia en la misma corte del Distrito Sur de Nueva York, después de que Mérida acreditó no tener recursos suficientes mediante una declaración financiera jurada.
El caso forma parte de una acusación más amplia contra diez funcionarios actuales y anteriores de Sinaloa, señalados por presuntamente proteger operaciones del Cartel de Sinaloa. De acuerdo con fiscales estadounidenses, Mérida habría recibido sobornos mensuales de al menos 100.000 dólares de “Los Chapitos”, la facción vinculada a los hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán, a cambio de protección e información sobre operativos policiales.
La acusación también ha puesto bajo presión al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, quien se apartó temporalmente de su cargo. Según la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York, políticos y mandos de seguridad ligados al gobierno estatal habrían recibido dinero y apoyo electoral a cambio de permitir que el cartel operara con impunidad.
Mérida es el primer funcionario señalado en esta causa que queda bajo custodia estadounidense. Su arresto ha elevado la tensión política entre México y Estados Unidos, mientras el Gobierno mexicano ha pedido a Washington que entregue pruebas para analizar responsabilidades dentro del país.
El proceso en Nueva York apenas comienza. La próxima audiencia servirá para definir los siguientes pasos de un caso que puede tener consecuencias judiciales y políticas de alto impacto, tanto para Sinaloa como para la relación entre ambos países.
