Un juez federal en Miami ordenó a Nicolás Maduro y a varios dirigentes chavistas pagar 314 millones de dólares a ciudadanos estadounidenses que denunciaron haber sido secuestrados, detenidos arbitrariamente y torturados en Venezuela. La decisión representa un nuevo frente judicial contra el expresidente venezolano, quien también enfrenta un proceso penal en Nueva York por cargos de narcoterrorismo.
El fallo fue emitido por el juez Darrin P. Gayles, de la Corte del Distrito Sur de Florida. Se trata de una sentencia en rebeldía, es decir, dictada después de que varios de los demandados no respondieran formalmente a la demanda.
Entre los señalados figuran Maduro, el empresario colombiano y exministro Alex Saab, Diosdado Cabello, Vladimir Padrino, Maikel José Moreno Pérez, Néstor Luis Reverol, Tarek William Saab y el llamado Cártel de los Soles. Sin embargo, el juez excluyó por ahora a Delcy Rodríguez, a Jorge Rodríguez y a las estatales PDVSA y CVP.
Una demanda por secuestro, tortura y terrorismo
Los demandantes incluyen a Jerrel Kenemore, Jason Saad y Edgar Marval, quienes fueron liberados en 2023 durante un intercambio de prisioneros entre Washington y Caracas. Ese acuerdo también permitió la liberación de Alex Saab, aliado de Maduro, quien actualmente vuelve a estar detenido en Miami por un caso de lavado de dinero.
La demanda acusa a los líderes chavistas de violar la Ley Federal Antiterrorismo, la Ley Antiterrorismo de Florida y la ley RICO, utilizada en Estados Unidos para casos de crimen organizado.
Según el fallo, Maduro y su entorno habrían usado la detención de ciudadanos estadounidenses como una herramienta de presión política. El juez sostuvo que esas acciones buscaban obtener concesiones de Washington, incluida la liberación de figuras vinculadas al chavismo.
El tribunal también concluyó que los hechos descritos por los demandantes encajan dentro de actos de terrorismo internacional bajo la ley estadounidense.
Delcy Rodríguez queda fuera por ahora
Uno de los puntos importantes del fallo es la exclusión temporal de Delcy Rodríguez. Según reportes de AP, sus abogados comparecieron en abril para pedir que se desestimara la demanda en su contra, argumentando inmunidad como jefa de Estado reconocida. Los demandantes rechazan esa posición.
La decisión no significa que el caso contra ella haya quedado cerrado de forma definitiva. Significa que el juez no la incluyó en esta sentencia de 314 millones mientras continúa la disputa legal sobre su estatus.
Un proceso paralelo al caso penal
Este recurso civil avanza de forma separada al proceso penal que Nicolás Maduro enfrenta en Nueva York. En ese caso, las autoridades estadounidenses lo acusan de narcoterrorismo y vínculos con redes criminales.
También continúa en Miami el caso contra Alex Saab, a quien Estados Unidos señala como testaferro de Maduro. Saab enfrenta cargos de lavado de dinero y tiene una audiencia preliminar prevista próximamente.
El fallo de Miami no garantiza que los demandantes cobren de inmediato los 314 millones de dólares. En casos contra figuras extranjeras o redes sancionadas, la ejecución de la sentencia puede ser complicada y depender de activos localizables o bloqueados en jurisdicción estadounidense.
Aun así, la decisión tiene peso político y jurídico. El tribunal no solo reconoció daños económicos. También dejó por escrito que las detenciones, torturas y presunto uso de rehenes formaron parte de una estrategia de presión atribuida a Maduro y a su círculo.
Para las víctimas, el fallo representa una victoria legal. Para el chavismo, suma otra acusación grave en tribunales estadounidenses. Y para la relación entre Washington y Caracas, abre otro capítulo en una disputa que ya mezcla derechos humanos, justicia penal, sanciones y poder político.
