La Policía Civil de Río de Janeiro afirmó este lunes que más del 95 % de las personas muertas durante la reciente megaoperación en las favelas de Penha y Alemão tenían vínculos comprobados con el Comando Vermelho, una de las principales organizaciones criminales del país.
Según el balance oficial divulgado por la Secretaría de Seguridad Pública, de los 115 civiles identificados (sin contar los cuatro agentes fallecidos), 97 tenían antecedentes criminales relevantes y 59 eran buscados por órdenes judiciales de detención.
Identificaciones y antecedentes
El informe indica que 62 de los fallecidos eran foráneos al estado de Río de Janeiro, la mayoría provenientes de Pará (19), Bahía (12), Amazonas (9) y Goiás (9). El resto provenía de Ceará, Paraíba, Maranhão, Mato Grosso, Espírito Santo, São Paulo y el Distrito Federal.
De los 115 identificados, solo 17 no presentaban antecedentes criminales, aunque, según la Policía, 12 de ellos mostraban “indicios de participación” en el narcotráfico en sus redes sociales.
“Esta mínima fracción de narcoterroristas neutralizados que no tenían antecedentes penales ni imágenes portando armas no significa nada. Si no hubieran reaccionado al abordaje, habrían sido detenidos”, declaró Felipe Curi, secretario de Policía Civil de Río, citado en el informe.
Líderes criminales y polémica internacional
El documento también reveló la presencia en Río de líderes armados de al menos once estados brasileños vinculados al Comando Vermelho.
El gobernador Cláudio Castro celebró el resultado del operativo, calificándolo como “un duro golpe contra la delincuencia”.
“Entre los que murieron al reaccionar a las fuerzas policiales, había varios líderes criminales”, aseguró en un comunicado.
Sin embargo, la Defensoría Pública del estado elevó el número total de fallecidos a 132, mientras que el Gobierno regional mantiene la cifra en 121 (117 civiles y 4 policías).
El operativo, que movilizó a 2.500 agentes, ha desatado una fuerte controversia en Brasil y ha generado llamados de la ONU y organismos de derechos humanos a realizar investigaciones independientes sobre posibles ejecuciones extrajudiciales.
