Las sanciones Maduro activos abren dos frentes paralelos en Europa y Estados Unidos. Mientras en la Unión Europea se plantea confiscar bienes vinculados al chavismo, en Nueva York la defensa del exmandatario denuncia obstáculos para pagar sus honorarios legales.
En Bruselas, la abogada Soranib Hernández pidió al Parlamento Europeo activar mecanismos para decomisar activos de personas vinculadas al entorno de Maduro. Además, solicitó que esos fondos se destinen a un programa de apoyo para víctimas de violaciones de derechos humanos.
La petición invoca la directiva europea sobre recuperación y decomiso de activos. Asimismo, propone crear oficinas especializadas en todos los Estados miembros y establecer un fondo fiduciario administrado por la Fiscalía Europea.
Sin embargo, un representante de la Comisión Europea aclaró que muchas de estas decisiones dependen de cada país. De este modo, recordó que no existe obligación de localizar sistemáticamente bienes de personas sancionadas ni base jurídica para crear un fondo común.
Defensa legal bajo sanciones en EE.UU.
Mientras tanto, en Estados Unidos el debate gira en torno al pago de la defensa del exmandatario. El abogado Barry Pollack notificó a un tribunal federal que la Oficina de Control de Activos Extranjeros modificó una licencia que inicialmente permitía recibir fondos desde Caracas.
Según Pollack, la licencia fue concedida y enmendada pocas horas después sin explicación pública. Por eso, sostiene que la medida interfiere con el derecho de su cliente a elegir abogado, protegido por la Sexta Enmienda.
El letrado solicitó restablecer la autorización original. Además, advirtió que podría presentar una moción formal si la agencia no responde. El caso afecta únicamente a Maduro y no a su esposa, también procesada.
Dos enfoques ante un mismo contexto
Las sanciones Maduro activos reflejan estrategias distintas. En Europa se debate cómo utilizar bienes presuntamente vinculados al régimen para fines sociales. En Estados Unidos, en cambio, la discusión se centra en los límites de las restricciones financieras frente al derecho a la defensa.
Maduro se declaró no culpable de los cargos de narcotráfico y corrupción. Finalmente, su próxima audiencia judicial está prevista para el 26 de marzo, en un proceso que sigue bajo la atención internacional.
