El Senado de Estados Unidos rechazó este jueves la Ley SAVE, una propuesta impulsada por republicanos y respaldada por el presidente Donald Trump que buscaba exigir prueba documental de ciudadanía estadounidense para registrarse como votante en elecciones federales.
La iniciativa ya había sido aprobada por la Cámara de Representantes el 11 de febrero, con apoyo mayoritariamente republicano. Sin embargo, no logró superar el obstáculo clave en la Cámara Alta, donde necesitaba 60 votos para avanzar.
La votación terminó con 48 votos a favor y 51 en contra. El resultado dejó estancada la propuesta y evitó que llegara al escritorio presidencial para su aprobación.
Una derrota legislativa para Trump
La medida fue sometida a votación como una enmienda durante el debate de un amplio paquete legislativo sobre inmigración. Para Trump, la propuesta formaba parte de su agenda para endurecer las reglas electorales antes de los comicios de medio mandato de noviembre.
De haber entrado en vigor, la ley habría obligado a los ciudadanos a presentar documentos como pasaportes o certificados de nacimiento al momento de inscribirse para votar. Sus defensores argumentaban que ese requisito era necesario para evitar la participación de personas sin ciudadanía en elecciones federales.
Sin embargo, organizaciones de derechos civiles y expertos electorales advirtieron que la medida podía crear obstáculos para millones de votantes elegibles. El principal riesgo, según sus críticos, era que personas sin acceso fácil a esos documentos enfrentaran más dificultades para registrarse.
Republicanos votan contra la propuesta
El rechazo tuvo un elemento inesperado para la Casa Blanca. Cuatro senadores republicanos votaron en contra de la propuesta: Thom Tillis, de Carolina del Norte; Lisa Murkowski, de Alaska; Mitch McConnell, de Kentucky; y Susan Collins, de Maine.
Esa oposición interna llegó en medio de tensiones dentro del Partido Republicano por varias decisiones recientes de Trump. Entre ellas figuran su papel de intermediario en la guerra con Irán y un acuerdo con el Servicio de Impuestos Internos, IRS, relacionado con inmunidad para su familia.
Aunque el voto no elimina el debate sobre identificación electoral, sí marca un tropiezo importante para una de las prioridades políticas del presidente. Además, muestra que la agenda electoral de Trump no cuenta con respaldo automático de todos los republicanos en el Senado.
El debate sobre fraude y acceso al voto
Trump ha defendido la Ley SAVE como una herramienta para combatir el fraude electoral. No obstante, autoridades electorales y especialistas han señalado reiteradamente que el voto de personas sin ciudadanía es extremadamente infrecuente en Estados Unidos.
Ese punto estuvo en el centro de la discusión. Para los republicanos que apoyaban la medida, exigir prueba de ciudadanía fortalecía la confianza pública en las elecciones. Para sus opositores, el proyecto respondía a un problema poco común y podía afectar el acceso al voto de ciudadanos legítimos.
El debate también se da en un país donde muchas reglas electorales dependen de cada estado. Actualmente, 36 estados exigen o solicitan algún tipo de identificación para votar. Cerca de 18 aplican normas más estrictas con documento con foto.
Una pelea que seguirá hasta noviembre
El fracaso de la propuesta llega a pocos meses de las elecciones de medio mandato. En noviembre estará en juego el control del Congreso durante los últimos dos años del mandato de Trump.
Por eso, el tema electoral seguirá ocupando un lugar central en la campaña. Los republicanos buscarán insistir en la seguridad del voto, mientras los demócratas y grupos de derechos civiles pondrán el foco en el acceso a las urnas.
El bloqueo de la Ley SAVE no cierra la discusión. Más bien, confirma que las reglas electorales volverán a ser uno de los campos de batalla más tensos de la política estadounidense.
Con una elección legislativa decisiva en camino, cualquier cambio en los requisitos para votar puede tener consecuencias nacionales. Esta vez, el Senado frenó la propuesta. Pero la disputa sobre ciudadanía, identificación y registro electoral seguirá marcando el pulso político en Washington.
