The New York Times anunció que impugnará las citaciones enviadas a cuatro de sus periodistas en una investigación federal sobre filtraciones relacionadas con el nuevo Air Force One, una aeronave donada por Catar que ha generado controversia en Washington.
Los periodistas Julian E. Barnes, Eric Lipton, Tyler Pager y Eric Schmitt fueron citados para declarar ante un jurado federal la próxima semana. El caso se centra en quién filtró información sobre supuestas preocupaciones de seguridad del Servicio Secreto respecto al avión presidencial.
La investigación apunta a las filtraciones
El Departamento de Justicia de Estados Unidos sostiene que la investigación busca identificar posibles filtraciones de información sensible. Sin embargo, la citación de periodistas encendió alarmas dentro y fuera del periódico.
El caso surgió después de que The New York Times informara sobre inquietudes vinculadas al nuevo Air Force One. Según esos reportes, el avión habría generado dudas por sus estándares de seguridad y por el proceso de adaptación necesario para uso presidencial.
La aeronave fue donada por la familia real de Catar. Ese origen también ha causado críticas, ya que varios sectores en Washington han señalado posibles conflictos de interés y costos elevados para adecuarla a las necesidades de la Casa Blanca.
Trump defendió el cambio de avión
La controversia creció después de un viaje internacional del presidente Donald Trump. Tras la cumbre de la OTAN, Trump salió de Turquía en el antiguo Boeing que había servido como Air Force One durante décadas. Luego abordó el nuevo avión en una base militar del Reino Unido.
El mandatario justificó el cambio como un gesto de “nostalgia”. No obstante, los reportes periodísticos indicaron que la decisión estuvo relacionada con preocupaciones de seguridad.
La Casa Blanca ha rechazado que el avión represente un riesgo. También ha defendido que las decisiones sobre el uso de aeronaves presidenciales responden a criterios de seguridad y logística.
Un choque con la prensa
The New York Times calificó las citaciones como una amenaza directa al trabajo periodístico. David McCraw, abogado principal de la redacción, criticó además que algunos periodistas fueran notificados en sus residencias.
Para el periódico, la medida puede intimidar a reporteros que investigan temas de interés público. Ese punto es central en la disputa: el gobierno busca investigar una filtración, mientras el medio defiende la protección de sus fuentes y su derecho a informar.
El caso llega en un clima de tensión entre la administración Trump y varios medios nacionales. Organizaciones de libertad de prensa también han expresado preocupación por el uso de citaciones contra periodistas.
Por ahora, la batalla legal apenas empieza. Si el tribunal sostiene las citaciones, los periodistas podrían verse presionados a declarar sobre una investigación relacionada con sus fuentes. Si el periódico logra frenarlas, el fallo reforzaría una barrera importante entre las investigaciones gubernamentales y el trabajo de la prensa.
