La Fiscalía de Nueva York presentó una demanda contra varias grandes empresas químicas, entre ellas 3M, DuPont de Nemours, Chemours y Corteva, por presunta contaminación ambiental y daños a la salud pública relacionados con PFAS, conocidos como “químicos permanentes”.
La fiscal estatal Letitia James acusó a las compañías de fabricar, promocionar y vender productos con PFAS pese a conocer sus riesgos. Según la demanda, las empresas habrían engañado al público sobre la exposición a estas sustancias y sobre los peligros asociados a su uso en productos de consumo.
Los PFAS, o sustancias perfluoroalquiladas y polifluoradas, son compuestos químicos usados durante décadas por su resistencia al agua, la grasa, el calor y las manchas. Se han encontrado en productos como utensilios de cocina antiadherentes, empaques de alimentos, ropa impermeable, cosméticos y espumas contra incendios.
El problema es que estos compuestos se degradan muy lentamente. Por eso son conocidos como químicos permanentes: pueden permanecer durante años en el ambiente y acumularse en el agua, el suelo, los animales y el cuerpo humano. Algunas investigaciones los han relacionado con mayor riesgo de ciertos cánceres, daños al sistema inmunológico, problemas hormonales y retrasos en el desarrollo infantil.
La demanda fue presentada en un tribunal estatal de Albany y se basa en leyes de Nueva York. La Fiscalía busca que las empresas paguen por daños ambientales, labores de limpieza y medidas para proteger a los consumidores. James sostuvo que las comunidades han cargado durante demasiado tiempo con los costos de limpiar una contaminación que, según ella, fue causada por corporaciones que conocían los riesgos.
La acción legal también incluye a Corteva y EIDP, empresas vinculadas históricamente a DuPont. La Fiscalía argumenta que las compañías desarrollaron PFAS desde la década de 1940 y que para la década de 1970 ya tenían información sobre su toxicidad y persistencia en el ambiente.
El caso se suma a una larga lista de demandas en Estados Unidos por contaminación con PFAS. En los últimos años, gobiernos estatales, municipios, sistemas de agua potable y ciudadanos han llevado a fabricantes químicos a los tribunales para reclamar compensación por contaminación, tratamiento de agua y afectaciones a la salud.
Nueva York ya había participado en disputas sobre acuerdos nacionales relacionados con PFAS. En 2023, la Fiscalía estatal señaló que buscó mejorar los términos de un acuerdo multimillonario con 3M para evitar que los contribuyentes terminaran asumiendo costos futuros de limpieza por contaminación del agua potable.
A nivel nacional, 3M aceptó previamente un acuerdo de hasta 10.300 millones de dólares para resolver reclamaciones de sistemas públicos de agua potable, mientras DuPont, Chemours y Corteva llegaron a otro acuerdo de 1.185 millones de dólares. Esos pactos cubren principalmente a servicios de agua y no necesariamente cierran otras reclamaciones estatales o individuales.
A finales de junio, el Departamento de Justicia y la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos también alcanzaron un acuerdo federal con Chemours por contaminación con PFAS en ríos de Carolina del Norte, Nueva Jersey y Virginia Occidental. Ese pacto fue reportado en 450 millones de dólares y forma parte de una ofensiva regulatoria y judicial más amplia contra estos compuestos.
La demanda de Nueva York eleva la presión sobre una industria que enfrenta cada vez más escrutinio por el legado ambiental de los químicos permanentes. Para el estado, el objetivo es claro: que las empresas acusadas paguen por la limpieza y no los residentes.
El caso apenas comienza, pero puede tener consecuencias importantes. Si avanza, podría abrir la puerta a nuevas compensaciones, obligaciones de transparencia y medidas de remediación en comunidades afectadas por PFAS. También refuerza una tendencia nacional: los gobiernos ya no tratan estos químicos como un problema aislado, sino como una crisis ambiental y de salud pública acumulada durante décadas.
