Veinticinco estados presentaron una demanda contra la Administración de Donald Trump por una nueva ronda de gravámenes. Los aranceles de Trump afectan las importaciones procedentes de 60 países y economías.
La querella sostiene que estas medidas son ilegales y provocarán aumentos de precios para consumidores y empresas. Entre los demandantes figuran fiscales generales y gobernadores de ambos partidos.
Nueva York, Arizona, California, Colorado, Nueva Jersey y Minesota participan en la acción judicial. También se sumaron los gobernadores de Kentucky y Pensilvania.
Los estados cuestionan los aranceles de Trump
El Gobierno anunció en marzo investigaciones comerciales contra 59 países y la Unión Europea. La decisión se produjo después de que el Tribunal Supremo anulara la mayoría de los aranceles globales impuestos anteriormente.
Las investigaciones se abrieron mediante la Sección 301 de la Ley de Comercio de Estados Unidos. La Administración afirmó que buscaba examinar posibles prácticas de trabajo forzoso en el comercio mundial.
Amparado en ese proceso, el Gobierno anunció en julio aranceles de entre el 10 % y el 12,5 %. Los gravámenes afectan productos procedentes de los 27 miembros de la Unión Europea y otros mercados.
Canadá, Japón, Reino Unido, Guatemala, Honduras y El Salvador se encuentran entre los países incluidos.
La demanda rechaza el argumento del trabajo forzoso
Los estados aseguran que la Administración no cumplió los requisitos establecidos por la Sección 301. También acusan al Gobierno de utilizar el trabajo forzoso como justificación para mantener una política arancelaria amplia.
“No existe ninguna relación lógica entre el supuesto problema del trabajo forzoso en las cadenas de suministro internacionales y los aranceles globales”, señala el documento judicial.
La demanda sostiene que la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos impuso gravámenes indiscriminados. Según los estados, estas medidas exceden la autoridad concedida al Poder Ejecutivo.
El tribunal deberá decidir si la investigación comercial ofrece una base legal suficiente para mantener los nuevos aranceles.
Letitia James critica la medida
La fiscal general de Nueva York, Letitia James, acusó a la Administración de intentar elevar ilegalmente los costos para familias y empresas.
James recordó que el Tribunal Supremo limitó en febrero la capacidad presidencial para imponer aranceles generales. Según la fiscal, el mandatario no puede gravar ampliamente a cualquier país sin una autorización válida.
Por su parte, la Administración sostiene que las medidas responden a prácticas comerciales que requieren una investigación. El Gobierno deberá defender ante el tribunal la relación entre esas prácticas y los aranceles anunciados.
La nueva demanda abre otro frente judicial sobre el alcance de los poderes comerciales del presidente. Mientras se resuelve el caso, consumidores y empresas enfrentan incertidumbre sobre los costos de las importaciones.
