Una nueva ley firmada por la gobernadora de Puerto Rico, Jenniffer González, ha encendido las alarmas entre organizaciones feministas y profesionales del derecho, que advierten sobre un posible retroceso en el acceso al aborto y un escenario de criminalización indirecta de las mujeres y personas gestantes.
La medida reconoce al no nacido como persona natural y enmienda el Código Civil para incluir como sujeto de derechos al concebido en cualquier etapa de gestación dentro del útero. Para activistas y juristas, el cambio abre la puerta a interpretaciones legales que podrían poner en jaque el aborto en la isla.
“Esto va a ser una herramienta de manipulación que las personas, los hombres particularmente, van a estar utilizando en contra de las mujeres”, afirmó a EFE Alondra del Mar Hernández, abogada afrofeminista e integrante de la organización Aborto Libre Puerto Rico.
Un giro legal con implicaciones profundas
Desde la anulación del fallo Roe contra Wade por el Tribunal Supremo de Estados Unidos en junio de 2022, se han presentado múltiples proyectos en Puerto Rico para restringir el aborto, pero ninguno había prosperado hasta ahora.
La diferencia clave, según expertos, es que aunque el aborto dejó de ser un derecho federal, en Puerto Rico está protegido por el derecho constitucional a la intimidad. Sin embargo, Hernández advierte que la nueva ley podría erosionar esa protección al reconocer personalidad jurídica al no nacido.
“Con esta enmienda, el concebido podría convertirse en beneficiario de derechos patrimoniales, laborales o civiles, lo que genera un choque directo con los derechos de las mujeres”, explicó.
Un modelo ya aplicado en estados conservadores
Patricia Otón, también abogada y miembro de Aborto Libre Puerto Rico, denunció que la legislación fue aprobada de manera apresurada, sin vistas públicas y sin un análisis profundo de sus consecuencias.
“Impacta múltiples áreas del derecho y no fue estudiada como correspondía”, sostuvo.
Otón señaló que este tipo de reconocimiento jurídico ya existe en estados estadounidenses con leyes altamente restrictivas sobre el aborto, especialmente en el sur del país. Georgia, por ejemplo, aprobó la LIFE Act, que otorga personalidad jurídica al no nacido, una figura que también aparece en normativas de estados como Texas u Ohio.
La senadora del Partido Independentista Puertorriqueño, María de Lourdes Santiago, criticó la medida al considerar que busca “añadir un tramo más al camino que conduce a la ilegalización del derecho de las mujeres a decidir”.
Advertencias del sector médico
Antes de la firma de la ley, más de 320 médicos y profesionales de la salud pidieron a la gobernadora que vetara el proyecto. En una carta pública, alertaron que la legislación podría retrasar decisiones médicas urgentes y poner en riesgo la vida de mujeres y personas gestantes.
Los firmantes advirtieron sobre posibles consecuencias en casos de embarazos ectópicos, hemorragias graves o diagnósticos de cáncer durante el embarazo, donde el temor a repercusiones legales podría interferir con la práctica médica.
Aborto legal, pero poco accesible
Aunque el aborto continúa siendo legal en Puerto Rico, Hernández recordó que el acceso sigue siendo limitado. Solo existen cuatro clínicas en toda la isla, todas ubicadas en el área metropolitana, y los costos son elevados para muchas personas.
A esto se suma, según la directora del Colectivo Ilé, Mayra Díaz, un sistema de salud reproductiva profundamente precario. “Las condiciones en las que se gesta y se pare en Puerto Rico son terribles”, denunció.
Díaz subrayó que muchos municipios no cuentan con salas de parto, incluida la isla municipio de Vieques, y que la violencia obstétrica sigue siendo una realidad frecuente.
“La Organización Mundial de la Salud reconoce esta violencia desde 2014, pero aquí sigue normalizada”, afirmó.
Para Díaz, el problema de fondo es que, en lugar de legislar para mejorar las condiciones de vida, salud y cuidado, “se insiste en criminalizar a las personas con capacidad de gestar”.
