Estados Unidos celebró este sábado la decisión de Venezuela de retirarse de la Corte Penal Internacional, CPI, y aprovechó el anuncio para intensificar su campaña contra el tribunal con sede en La Haya. El Departamento de Estado calificó a la Corte como una institución “corrupta” y “sin valor”, y pidió a otros países abandonar el Estatuto de Roma, tratado que dio origen al tribunal.
La salida de Venezuela y la CPI marca un nuevo giro en la relación entre Washington, Caracas y la justicia internacional. El Gobierno estadounidense dio la bienvenida a la decisión anunciada por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, y sostuvo que el nuevo Ejecutivo venezolano se suma a los esfuerzos liderados por Estados Unidos para “desmantelar” la Corte.
Una crítica directa a La Haya
En su comunicado, el Departamento de Estado afirmó que la CPI ha investigado a Nicolás Maduro desde 2018 “sin ningún resultado”. También acusó al tribunal de dedicar recursos a investigar ciudadanos de países con sistemas judiciales independientes que no aceptaron su jurisdicción.
Washington sostiene que esa actuación demuestra extralimitación, sesgo político y aplicación selectiva de la justicia. La administración de Donald Trump insistió además en que Maduro, detenido en Estados Unidos, enfrenta ahora a la justicia estadounidense por los delitos que presuntamente cometió.
La postura estadounidense frente a la CPI no es nueva. Estados Unidos nunca ratificó el Estatuto de Roma y ha rechazado que el tribunal tenga jurisdicción sobre sus ciudadanos. Durante su primer mandato, Trump sancionó a funcionarios de la Corte por investigaciones vinculadas a Afganistán, medidas que luego fueron levantadas por Joe Biden.
Venezuela denuncia sesgo
El Gobierno venezolano anunció el viernes su decisión “firme e irrevocable” de denunciar el Estatuto de Roma e iniciar el proceso de retirada. El canciller Félix Plasencia comunicó la decisión al secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, según reportes internacionales.
Plasencia acusó a la CPI de concentrar de manera desproporcionada sus investigaciones en países africanos y latinoamericanos. Delcy Rodríguez también defendió que Venezuela apuesta por una justicia internacional basada en la soberanía y el derecho internacional.
La CPI lamentó la decisión y recordó que la retirada no tiene efecto inmediato. Conforme al Estatuto de Roma, Venezuela seguirá siendo Estado parte durante un año desde la notificación formal y deberá cooperar con investigaciones ya iniciadas.
La investigación sigue abierta
La investigación de la CPI sobre presuntos crímenes de lesa humanidad en Venezuela comenzó en 2018 y se centra en hechos ocurridos desde 2017. El proceso fue impulsado tras una remisión de varios Estados y ha incluido denuncias sobre detenciones arbitrarias, torturas y represión política.
El entonces Gobierno de Nicolás Maduro intentó frenar la investigación argumentando que la justicia venezolana ya abordaba esos casos. Sin embargo, la Corte autorizó en 2023 la reanudación de las pesquisas.
La salida venezolana no borra automáticamente ese expediente. Como ha ocurrido en otros casos internacionales, una retirada del Estatuto de Roma puede limitar obligaciones futuras, pero no elimina de inmediato procesos abiertos por hechos ocurridos mientras el país era parte del tribunal.
Un frente político más amplio
La reacción de Washington muestra que el caso va más allá de Venezuela. Para Trump, la salida venezolana funciona como una pieza dentro de su ofensiva contra la CPI, especialmente después de las tensiones por investigaciones relacionadas con Israel y otros aliados estadounidenses.
Para Caracas, la retirada es presentada como una defensa de soberanía frente a una justicia internacional que considera sesgada. Para defensores de derechos humanos, en cambio, el movimiento puede leerse como un intento de reducir la rendición de cuentas en un país marcado por denuncias graves.
Venezuela y la CPI entran ahora en una etapa de transición legal y política. El tribunal insiste en que el país sigue obligado a cooperar durante un año. Estados Unidos celebra la ruptura. Y las víctimas, mientras tanto, quedan en el centro de una disputa donde justicia, soberanía y poder internacional vuelven a chocar.
