Un tribunal federal de apelaciones rechazó la petición del Gobierno de Donald Trump para aplicar en 23 estados una orden ejecutiva que busca imponer nuevas restricciones al voto por correo antes de las elecciones legislativas de noviembre.
La Corte de Apelaciones del Primer Circuito confirmó la suspensión temporal dictada el 25 de junio por la jueza federal Indira Talwani, quien concluyó que varias partes de la medida probablemente vulneran la Constitución. AP reportó que el fallo mantiene bloqueada la orden en los estados que presentaron la demanda y en el Distrito de Columbia.
El Departamento de Justicia había pedido suspender esa decisión mientras avanza la apelación. Su argumento era que la demanda de los estados era prematura, porque las agencias federales todavía no habían terminado de desarrollar las medidas necesarias para implementar la orden.
El tribunal no aceptó esa explicación. Los jueces señalaron que los estados ya tenían que prepararse para las elecciones y que no tenían otra opción práctica que responder a la orden ahora.
Qué buscaba la orden de Trump
La orden ejecutiva fue firmada por Trump en marzo y ordenaba al Departamento de Seguridad Nacional elaborar listas de ciudadanos estadounidenses con derecho a voto usando registros federales de ciudadanía.
También instruía al Departamento de Justicia a dar prioridad a investigaciones contra funcionarios electorales estatales y locales que enviaran papeletas a personas consideradas no elegibles para votar.
Otro punto clave era el papel del Servicio Postal, USPS. La jueza Talwani concluyó que el USPS no tiene autorización legal para imponer normas vinculantes sobre el voto por correo. También sostuvo que el presidente no puede ordenar al DHS crear registros de votantes para los estados. The Guardian informó que el tribunal rechazó levantar la suspensión obtenida por una coalición de estados liderados por demócratas.
Un choque sobre autoridad electoral
El caso toca una pregunta central en Estados Unidos: quién tiene autoridad para regular las elecciones. Los estados demandantes sostienen que la orden invade competencias estatales y del Congreso, y que pone presión indebida sobre funcionarios electorales locales.
Talwani también advirtió que la orden no puede usarse para intimidar a trabajadores electorales bajo amenaza de investigaciones penales. Según la jueza, los registros federales de ciudadanía no incluyen necesariamente a todos los votantes con derecho a sufragar, por lo que usarlos como referencia obligatoria podría excluir indebidamente a ciudadanos habilitados.
La demanda fue presentada por una coalición de 23 estados y el Distrito de Columbia, encabezada por California, Massachusetts, Nevada y Washington. El fallo de apelación mantiene el bloqueo mientras el litigio continúa. New York Post reportó que la decisión fue 2-1 y que el Departamento de Justicia podría intentar llevar el asunto al Tribunal Supremo.
El voto por correo vuelve al centro político
Trump ha cuestionado durante años el voto por correo y ha sostenido, sin pruebas, que su derrota en 2020 fue producto de fraude generalizado. Sus críticos acusan a la administración de intentar restringir un método de votación ampliamente usado por millones de estadounidenses.
El Gobierno, en cambio, defiende la orden como una medida para reforzar la seguridad electoral y prevenir votos de personas no elegibles. Ese argumento forma parte de un debate más amplio sobre confianza electoral, acceso al voto y control federal.
La decisión llega en un momento sensible. En noviembre se definirá el control del Congreso, y cualquier cambio en las reglas de votación puede tener impacto operativo y político.
Por ahora, la orden de Trump no podrá aplicarse en esos 23 estados ni en Washington D.C. La batalla judicial sigue abierta, pero el mensaje del tribunal fue claro: los estados no pueden ser obligados a reorganizar sus elecciones bajo una orden cuya legalidad todavía está en duda.
