El Pentágono habría empleado una aeronave secreta con apariencia civil en el primer ataque contra una embarcación sospechosa de transportar drogas en aguas internacionales del Caribe, cerca de Venezuela, una operación que dejó 11 personas muertas en septiembre pasado, según relataron funcionarios estadounidenses bajo condición de anonimato.
De acuerdo con esos testimonios, la aeronave utilizada no presentaba señales visibles de uso militar. No llevaba armamento bajo las alas y ocultaba sus municiones dentro del fuselaje, lo que le daba un aspecto similar al de un avión civil. Funcionarios que tuvieron acceso a las imágenes de vigilancia indicaron que el aparato descendió a baja altura antes de ejecutar el ataque inicial.
Las grabaciones muestran que la embarcación, al detectar la presencia del avión, intentó regresar hacia aguas venezolanas. Poco después se produjo el primer ataque. Según la información revelada, dos personas sobrevivieron inicialmente y quedaron sobre los restos del casco volcado. Posteriormente, esas mismas personas habrían hecho señales a la aeronave antes de morir en un segundo ataque que terminó de hundir los restos del barco.
El caso de la aeronave secreta Pentágono ha intensificado las críticas contra la legalidad de estas operaciones, especialmente por el uso de medios encubiertos y por la ausencia de pruebas públicas que confirmen el vínculo de las víctimas con el narcotráfico.
La operación formó parte de una campaña más amplia denominada Lanza del Sur, bajo la cual las fuerzas armadas de Estados Unidos han ejecutado más de 35 ataques contra embarcaciones en aguas internacionales con el argumento de combatir el tráfico de drogas. Tras el incidente de septiembre, el ejército estadounidense modificó sus procedimientos y comenzó a utilizar aeronaves claramente identificables, incluidos drones MQ-9 Reaper, en acciones posteriores.
En una operación realizada en octubre, dos personas lograron sobrevivir al ataque inicial, escapar nadando y ser rescatadas posteriormente. Ambas fueron repatriadas a Colombia y Ecuador, lo que evitó un segundo bombardeo, según explicaron funcionarios familiarizados con el caso.
Estos ataques se produjeron meses antes de la incursión militar ordenada por el presidente Donald Trump el 3 de enero, cuando fuerzas estadounidenses ingresaron en Venezuela para capturar al líder de Caracas, Nicolás Maduro, quien permanece recluido en una prisión federal en Nueva York.
Diversos analistas y gobiernos de la región, entre ellos Colombia, han cuestionado estas operaciones, al considerarlas una violación del derecho internacional y denunciar que han causado más de un centenar de muertes sin que se haya demostrado públicamente la relación de las víctimas con redes criminales.
