La Corte Federal para el Distrito de Puerto Rico suspendió este jueves el traslado fuera de la isla del inmigrante dominicano Martín Medina de la Cruz y ordenó la celebración de una audiencia de fianza, en respuesta a una demanda presentada por la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) de Puerto Rico.
La decisión judicial representa un revés para las autoridades federales y fue celebrada por la ACLU como una afirmación clara de los derechos de las personas inmigrantes en la isla.
“Esta victoria envía un mensaje directo y claro al presidente Trump, a las autoridades federales y a las autoridades estatales que han sido cómplices de este patrón de violaciones. Las personas inmigrantes en Puerto Rico tienen derechos”, afirmó en un comunicado Fermín Arraiza, director legal de la ACLU de Puerto Rico.
La organización presentó el martes una petición de habeas corpus de emergencia, junto con una moción urgente para detener el traslado de Medina de la Cruz, quien fue arrestado el 18 de enero de 2026 en el sector de Puerto Nuevo, en San Juan.
Según la ACLU, la detención fue ilegal, arbitraria y sin base legal válida, y el Gobierno federal pretendía transferir al inmigrante fuera de la jurisdicción del tribunal de manera inminente, lo que habría limitado su acceso efectivo a los tribunales y a un proceso justo.
En su orden, la jueza federal Gina Méndez dispuso que Medina de la Cruz tenga derecho a una vista de fianza ante un juez de inmigración no más tarde del 2 de febrero de 2026 a las 5:00 p. m. Además, ordenó al Gobierno federal informar antes del 3 de febrero si dicha audiencia se celebró y cuál fue su resultado.
“Esta determinación debe servir de ejemplo y alerta para los agentes y funcionarios federales que insisten en encerrar a personas inmigrantes que cualifican para procesos de protección humanitaria, en lugar de garantizarles una evaluación justa y el acceso real a sus derechos”, expresó la abogada de inmigración Julie Cruz Santana.
De acuerdo con la demanda, Medina de la Cruz se presentó voluntariamente ante las autoridades migratorias, tenía un trámite migratorio pendiente y cuenta con autorización de empleo. Además, ha residido en territorio estadounidense por más de cinco años.
La ACLU también denunció que el arresto ocurrió en un contexto de perfilamiento racial. Según la petición judicial, agentes federales seleccionaron a Medina de la Cruz y a otras dos personas de nacionalidad dominicana dentro del supermercado Placita Caribe, ubicado en una zona con alta concentración de población dominicana.
La orden emitida por la jueza Méndez es de carácter provisional y permite que la vista de fianza se celebre en Puerto Rico. El tribunal concedió además hasta el 3 de febrero a los funcionarios federales demandados para responder formalmente a la querella y que el caso sea resuelto en sus méritos.
El fallo se suma a una serie de decisiones judiciales recientes que han puesto bajo escrutinio las prácticas de detención y traslado de inmigrantes por parte del Gobierno federal en Puerto Rico, en medio de crecientes denuncias de violaciones a derechos constitucionales y garantías procesales.
