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Jueza federal ordena la liberación inmediata del salvadoreño Kilmar Ábrego tras meses de detención irregular

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EFE/EPA/SHAWN THEW

Una jueza federal de Estados Unidos ordenó este jueves la liberación inmediata de Kilmar Ábrego García, el migrante salvadoreño cuya deportación irregular a El Salvador desató una prolongada batalla legal con la administración Trump. La magistrada Paula Xinis, del distrito de Maryland, concluyó que la detención del salvadoreño se llevó a cabo sin autoridad legal y que el Gobierno actuó en abierto desacato a órdenes judiciales previas. La decisión representa un giro significativo en un caso que ha puesto bajo escrutinio los procedimientos migratorios federales y la responsabilidad del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas.

Ábrego, residente en Maryland, fue deportado en marzo pese a que un juez había prohibido expresamente su expulsión. Tras su llegada a El Salvador, fue recluido en el Centro de Confinamiento del Terrorismo, una prisión de máxima seguridad conocida como CECOT. Posteriormente, y en medio de crecientes cuestionamientos legales, fue devuelto a Estados Unidos en junio para enfrentar cargos federales. Desde entonces permanecía detenido en un centro del ICE en Pensilvania, donde las autoridades buscaban deportarlo a un tercer país africano con el que no mantiene ningún vínculo.

En su decisión, Xinis señaló que la liberación de Kilmar Ábrego es necesaria porque su reclusión no tenía relación real con una expulsión viable. La jueza afirmó que el Gobierno no posee una orden de deportación legal hacia un tercer país y que las acciones de los funcionarios durante los últimos meses demuestran que la detención excedió cualquier propósito migratorio permitido. Según escribió, la conducta gubernamental “refuerza aún más la idea de que Ábrego García no debe permanecer detenido”.

Pese a recuperar la libertad, Ábrego seguirá sujeto a la libertad provisional dictada por un juez en Tennessee, donde enfrenta cargos por tráfico de personas. Su caso continuará en los tribunales mientras organizaciones de derechos migratorios destacan la resolución como un recordatorio de los límites legales que el Gobierno debe respetar incluso en procesos de deportación.

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