Estados Unidos y varios países de Centroamérica han relanzado su cooperación en materia de seguridad, en una nueva etapa marcada por acuerdos contra el narcotráfico, la migración irregular y el crimen organizado. Sin embargo, el acercamiento también ha generado polémica por la posibilidad de una mayor presencia militar estadounidense en la región.
Según EFE, el tema volvió al centro del debate tras versiones de prensa en Estados Unidos sobre posibles operaciones conjuntas en Guatemala. El Gobierno del presidente Bernardo Arévalo negó que se hayan acordado bombardeos con tropas estadounidenses en territorio guatemalteco.
La controversia refleja una tensión histórica. Centroamérica ha mantenido una relación estrecha con Washington en asuntos de seguridad, pero también suele defender con fuerza su soberanía territorial. Por eso, cualquier acuerdo que sugiera participación militar extranjera provoca reacciones políticas inmediatas.
El Escudo de las Américas marca una nueva etapa
Uno de los puntos principales de esta cooperación es el llamado Escudo de las Américas, una arquitectura de seguridad hemisférica lanzada por Estados Unidos en marzo. La iniciativa incluye intercambio de inteligencia militar y policial, operaciones coordinadas, entrenamientos conjuntos y mecanismos de asistencia.
La mayoría de los países del Sistema de la Integración Centroamericana fueron invitados a participar. El Sica está integrado por Costa Rica, El Salvador, Honduras, Panamá, Guatemala, Belice, Nicaragua y República Dominicana. Sin embargo, Nicaragua quedó fuera por sus vínculos con China y Rusia.
Este nuevo esquema también se relaciona con otros intereses de Washington. Además del combate al narcotráfico y la migración irregular, Estados Unidos busca reforzar compromisos regionales en control fronterizo y limitar la influencia de China en la zona.
Honduras mantiene presencia militar estadounidense
Honduras ocupa un lugar particular en esta relación. Es el único país centroamericano con presencia permanente de tropas estadounidenses desde 1980. La Fuerza de Tarea Conjunta-Bravo opera en la Base Aérea Soto Cano, conocida como Palmerola.
Allí permanecen al menos 400 militares estadounidenses, además de personal civil. De acuerdo con el Comando Sur, sus misiones incluyen apoyo a operaciones del Gobierno de Estados Unidos, lucha contra el crimen organizado transnacional, ayuda humanitaria y respuesta ante desastres.
Con la llegada de Nasry Asfura a la Presidencia de Honduras, en enero pasado, se abrió una nueva etapa en la relación bilateral. Aunque no se conocen todos los alcances, el mandatario recibió en mayo al senador republicano Bernie Moreno para hablar sobre seguridad regional, crimen organizado y migración.
Panamá, el Canal y la presencia rotativa
Panamá también ocupa un papel clave en la seguridad en Centroamérica. En 2025, el país firmó acuerdos con Estados Unidos para reforzar la seguridad del Canal interoceánico y combatir el narcotráfico y el crimen organizado.
Los acuerdos incluyen entrenamientos conjuntos con presencia temporal y rotativa de militares estadounidenses en tres instalaciones panameñas. La medida generó críticas internas por una supuesta cesión de soberanía.
El Gobierno del presidente José Raúl Mulino rechazó esas acusaciones. Según su postura, Panamá ha firmado más de veinte acuerdos similares en las últimas tres décadas. Aun así, la sensibilidad es alta en un país que estuvo ocupado por Estados Unidos durante buena parte del siglo XX por la operación del Canal.
Además, Panamá será sede entre julio y agosto del ejercicio Panamax, una actividad del Comando Sur que reúne a ejércitos de 19 países y se realiza desde hace más de dos décadas.
Migración, narcotráfico y acuerdos bilaterales
La cooperación con El Salvador, Costa Rica, Guatemala y República Dominicana se concentra principalmente en narcotráfico y migración irregular. En El Salvador, el Comando Sur opera un centro de monitoreo contra las drogas desde el Aeropuerto Internacional San Óscar Arnulfo Romero.
Costa Rica mantiene desde hace años un acuerdo con Estados Unidos para vigilancia conjunta contra el narcotráfico en los océanos, especialmente mediante su sector de Guardacostas. República Dominicana, por su parte, permite el estacionamiento y sobrevuelo de aeronaves y personal estadounidense en instalaciones usadas para operaciones antidrogas.
Guatemala ha solicitado más apoyo en temas de seguridad, pero insiste en que eso no implica incursiones de fuerzas militares estadounidenses en su territorio. Ese punto es crucial para evitar una crisis política interna.
En materia migratoria, El Salvador también ha sido parte de acuerdos polémicos. En marzo de 2025, unos 250 migrantes venezolanos acusados de pertenecer al Tren de Aragua fueron deportados al país y encerrados en la megacárcel impulsada por el Gobierno de Nayib Bukele.
Nicaragua queda al margen
Nicaragua mantiene una relación distante con Estados Unidos en temas de seguridad. Aun así, su Gobierno autoriza cada seis meses el ingreso de personal militar estadounidense para operaciones de ayuda humanitaria y misiones de búsqueda y rescate en emergencias.
No está claro si esas actividades llegan a realizarse. Sin embargo, la autorización muestra que incluso en relaciones tensas persisten canales mínimos de cooperación.
La nueva etapa de seguridad en Centroamérica combina intereses compartidos y viejos recelos. Para Washington, la región es clave en el combate al narcotráfico, la migración irregular y la competencia geopolítica. Para los países centroamericanos, el reto está en recibir apoyo sin abrir la puerta a una presencia extranjera que pueda ser vista como una amenaza a su soberanía.
