El Tribunal Supremo de Estados Unidos autorizó a Alabama a utilizar un nuevo mapa electoral en las elecciones legislativas de noviembre, pese a las objeciones de un tribunal inferior que consideró que el diseño discriminaba a los votantes afroamericanos.
La decisión fue emitida mediante una orden del alto tribunal y contó con la oposición de tres juezas. El caso vuelve a colocar en el centro del debate nacional el alcance de la Ley de Derechos Electorales de 1965 y el uso del gerrymandering, una práctica que consiste en rediseñar distritos electorales con fines partidistas.
El mapa electoral de Alabama favorece a los republicanos y podría tener impacto en el equilibrio de fuerzas dentro de la Cámara de Representantes. En las elecciones de medio mandato del 3 de noviembre se renovarán los 435 escaños de esa cámara y un tercio del Senado.
Un fallo con fuerte impacto político
El nuevo diseño fue impulsado por legisladores republicanos en Alabama. La medida forma parte de una estrategia más amplia en varios estados gobernados por republicanos para ajustar mapas electorales antes de los comicios de medio mandato.
Aunque lo habitual es que los distritos se rediseñen cada diez años, después del censo, varios estados han acelerado estos cambios en los últimos meses. El próximo censo nacional está previsto para 2030.
El debate comenzó a intensificarse después de una decisión del Supremo en abril que limitó el alcance de la Ley de Derechos Electorales. Ese fallo abrió la puerta a nuevas modificaciones en estados del sur, donde defensores del derecho al voto advierten que los cambios pueden reducir la representación política de comunidades afroamericanas.
Votantes afroamericanos bajo presión
El mapa electoral de Alabama ha sido especialmente polémico porque reduce las posibilidades de que votantes afroamericanos elijan candidatos de su preferencia en más de un distrito. Según AP, el plan incluye solo un distrito de mayoría afroamericana entre siete, aunque los residentes negros representan cerca del 27% de la población del estado.
Un tribunal inferior había determinado que el mapa tenía un efecto discriminatorio. Sin embargo, el Supremo permitió su uso para las próximas elecciones, mientras el litigio continúa.
Las juezas Sonia Sotomayor, Elena Kagan y Ketanji Brown Jackson se opusieron a la orden. En su disenso, advirtieron sobre el riesgo de permitir una elección bajo un mapa que, según tribunales inferiores, no protege de forma adecuada los derechos de los votantes afroamericanos.
La estrategia se extiende a otros estados
Alabama no es el único estado donde se han movido las líneas electorales antes de noviembre. Tennessee y Florida también aprobaron nuevos distritos que favorecen a los republicanos.
Texas abrió antes una ofensiva similar, impulsada por el interés del Partido Republicano en mejorar sus posibilidades en la Cámara de Representantes. El objetivo político es claro: ganar terreno antes de unas elecciones legislativas que pueden definir el margen de poder del presidente Donald Trump en el Congreso.
La decisión del Supremo también se produce después de otro caso relevante sobre Luisiana. Ese fallo elevó las exigencias para probar ciertas violaciones bajo la Ley de Derechos Electorales y dio argumentos a estados republicanos para defender nuevos mapas.
Una batalla que seguirá en los tribunales
El caso de Alabama no cierra el debate. Al contrario, puede marcar el tono de otras disputas legales sobre representación racial, poder partidista y acceso efectivo al voto.
Para los republicanos, estos mapas responden a una autoridad estatal para organizar distritos y evitar diseños basados de forma excesiva en criterios raciales. Para grupos defensores del voto, en cambio, el riesgo es que se diluya el poder electoral de comunidades afroamericanas y latinas en estados donde su peso demográfico ha crecido.
La controversia llega en un año de alta tensión política. Con toda la Cámara de Representantes en juego, cada distrito puede tener consecuencias nacionales. Por eso, la autorización del mapa electoral de Alabama no solo afecta a ese estado. También envía una señal sobre cómo el Supremo podría manejar otras disputas electorales antes de noviembre.
En la práctica, los votantes acudirán a las urnas bajo reglas que siguen siendo objeto de impugnación. Esa incertidumbre deja una pregunta abierta para el país: hasta dónde pueden llegar los estados al rediseñar el poder político sin cruzar la línea de la discriminación electoral.
