Trump cambia el rumbo energético
Trump vuelve a marcar distancia con la política climática de Joe Biden. Su Administración ha comprometido cerca de 2.600 millones de dólares para recomprar o cancelar concesiones vinculadas a proyectos de energía eólica marina aprobados durante el Gobierno anterior.
El movimiento más reciente fue un acuerdo con Invenergy, una empresa energética con sede en Chicago. La compañía aceptó devolver cuatro concesiones federales para parques eólicos marinos ubicados frente a las costas de Nueva York, California y Maine, todos en etapas iniciales de desarrollo.
A cambio, el Gobierno reembolsará a la empresa 765 millones de dólares. La cifra es ligeramente inferior a lo que Invenergy había pagado por los derechos de explotación durante la Administración Biden.
De la eólica al gas natural
La decisión forma parte de una estrategia más amplia de la Casa Blanca para frenar la expansión de la energía eólica marina y redirigir inversiones hacia fuentes respaldadas por Trump, como el gas natural y ciertos proyectos geotérmicos.
Según reportes estadounidenses, Invenergy utilizará parte de los fondos para impulsar plantas de generación con gas natural en estados del Medio Oeste. También prevé desarrollar iniciativas de energía geotérmica en el oeste del país.
El acuerdo llega después de que la Administración suspendiera permisos federales para nuevas instalaciones eólicas marinas. Esa medida dejó a varios proyectos con pocas posibilidades de avanzar, especialmente aquellos que todavía estaban en fases tempranas.
Para la Casa Blanca, el giro busca favorecer fuentes que considera más confiables y asequibles. Para sus críticos, en cambio, representa un retroceso en la transición energética.
Una industria bajo presión
La energía eólica marina fue una de las grandes apuestas del Gobierno de Biden para reducir emisiones y acelerar la producción de electricidad limpia. Sin embargo, el sector ya enfrentaba dificultades por costos altos, demoras en permisos, problemas de suministro y presión política.
La llegada de Trump profundizó esa incertidumbre. En los últimos meses, su Administración alcanzó acuerdos similares con otras compañías del sector, incluidas TotalEnergies y firmas vinculadas a proyectos en la costa este y California.
Con el pacto de Invenergy, el monto total destinado a cancelar o recomprar concesiones eólicas marinas se acerca a los 2.600 millones de dólares.
Ese dinero, según los términos de varios acuerdos, será redirigido hacia proyectos energéticos distintos. En algunos casos, las empresas se han comprometido a invertir en gas natural, petróleo, gas natural licuado o energía geotérmica.
Críticas de estados demócratas y ambientalistas
La estrategia ha generado una fuerte reacción de grupos ambientalistas y de estados gobernados por demócratas. Sus opositores sostienen que el Gobierno está usando fondos públicos para desmantelar proyectos previamente autorizados.
También advierten que cancelar estas concesiones puede frenar empleos, infraestructura portuaria e inversiones ligadas a la industria eólica marina.
Nueva York y otros estados ya han cuestionado legalmente acuerdos similares. Sus autoridades argumentan que el Gobierno federal podría estar excediendo sus facultades al deshacer concesiones otorgadas de forma válida.
Los defensores de la energía eólica marina aseguran que la tecnología sigue siendo clave para reducir emisiones, diversificar la red eléctrica y crear empleos en zonas costeras. Además, consideran que reemplazar proyectos renovables por gas natural prolonga la dependencia de combustibles fósiles.
Un debate que va más allá de la energía
El caso Invenergy muestra que la política energética estadounidense sigue profundamente dividida. Para Trump, el objetivo es priorizar combustibles y tecnologías que su Administración considera más estables para la red eléctrica.
Para sus críticos, el costo es demasiado alto. No solo por los millones destinados a cancelar concesiones, sino por el mensaje que envía a inversionistas y empresas del sector renovable.
La disputa también afecta a comunidades costeras, trabajadores, consumidores y gobiernos estatales que habían apostado por la eólica marina como parte de sus planes climáticos.
El debate no terminará con este acuerdo. Las demandas judiciales, las decisiones de permisos y los próximos contratos energéticos definirán hasta dónde puede llegar la Casa Blanca en su intento de desmontar parte del legado climático de Biden.
Por ahora, Trump suma una nueva victoria política contra la energía eólica marina. Pero el costo económico, legal y ambiental de esa estrategia apenas empieza a discutirse.
