El caso Jet Set, una de las tragedias más dolorosas en la historia reciente de República Dominicana, avanzó este martes hacia una nueva etapa judicial. El juez Raymundo Mejía ordenó apertura a juicio contra Antonio y Maribel Espaillat, quienes enfrentarán cargos por homicidio culposo o imprudente tras el derrumbe del techo de la emblemática discoteca de Santo Domingo.
La tragedia ocurrió el 8 de abril de 2025, durante una presentación artística en el centro nocturno. El colapso dejó 236 personas fallecidas y más de 80 heridas, según la información del expediente citada en el proceso. Desde entonces, familiares de las víctimas han reclamado respuestas judiciales y responsabilidades claras por lo ocurrido.
La decisión del tribunal no acogió la solicitud de algunos abogados de víctimas que pedían llevar el caso bajo la calificación de homicidio voluntario. El magistrado explicó que, a su juicio, no se configuraba dolo eventual en este expediente.
“No hay dolo eventual en un derrumbe donde una de las imputadas estuvo dentro del centro y no se puede equiparar a la conducta de alguien que dispara en un lugar”, señaló el juez al fundamentar su decisión.
Con esa valoración, el proceso contra los Espaillat seguirá por la vía de homicidio culposo o imprudente. En términos legales, esa calificación apunta a una presunta conducta negligente o imprudente, no a una intención directa de causar la muerte. La diferencia es clave porque puede tener un impacto importante en las posibles penas y en la estrategia de las partes durante el juicio.
El tribunal también excluyó del proceso al Ayuntamiento, al Ministerio de Obras Públicas y a otras instituciones estatales. Según la decisión, cualquier reclamación contra organismos públicos deberá presentarse por separado ante el Tribunal Superior Administrativo.
Ese punto representa otro giro relevante para las víctimas y sus representantes. Aunque el juicio penal se concentrará ahora en Antonio y Maribel Espaillat, las posibles responsabilidades administrativas o estatales quedarán fuera de este proceso específico.
El caso ha generado fuerte conmoción dentro y fuera de República Dominicana, no solo por la magnitud de la tragedia, sino también por las preguntas sobre seguridad, supervisión y mantenimiento de espacios de entretenimiento con gran asistencia de público.
La apertura a juicio no equivale a una condena. A partir de esta etapa, el tribunal de fondo deberá escuchar pruebas, testimonios y argumentos de la acusación, la defensa y las partes querellantes.
Para las familias de las víctimas, el proceso sigue siendo una búsqueda de justicia marcada por el duelo. Para la justicia dominicana, el caso Jet Set se ha convertido en una prueba de enorme peso institucional: determinar responsabilidades sin perder de vista la dimensión humana de una tragedia que dejó una herida profunda en el país.
