El Gobierno de Estados Unidos anunció este miércoles que aumentará a 2.600 dólares el incentivo económico ofrecido a migrantes que se encuentran en el país de manera irregular para que abandonen el territorio de forma voluntaria, un proceso que la Administración denomina “autodeportación”.
El anuncio fue realizado por el Departamento de Seguridad Nacional, que en un comunicado calificó el incremento del incentivo, anteriormente fijado en 1.000 dólares, como un “regalo” con motivo del aniversario desde que el republicano Donald Trump asumió la presidencia. La medida se enmarca dentro de la política migratoria endurecida impulsada por la Casa Blanca desde enero de 2025.
Según el DHS, desde el inicio del actual mandato presidencial alrededor de 2,2 millones de personas que se encontraban en situación migratoria irregular habrían salido del país de manera voluntaria. El departamento aseguró además que “decenas de miles” de estas salidas se realizaron utilizando la aplicación de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, diseñada para gestionar procesos migratorios.
No obstante, las cifras oficiales han sido objeto de cuestionamientos por parte de expertos en inmigración y centros de análisis, que señalan que el Gobierno no ha proporcionado datos verificables que respalden esos números. Las críticas apuntan a la falta de transparencia metodológica y a la ausencia de desgloses que permitan distinguir entre salidas voluntarias, deportaciones formales y otros movimientos migratorios.
El propio Departamento de Seguridad Nacional informó en diciembre que, desde la llegada de Trump al poder, se han deportado aproximadamente 622.000 personas. Sin embargo, un análisis reciente del centro Brookings pone en duda esa cifra y estima que el número real de expulsiones estaría entre 310.000 y 350.000.
De acuerdo con ese mismo análisis, las deportaciones bajo la actual Administración se sitúan por debajo de las 778.000 repatriaciones registradas en el último año fiscal completo del gobierno de Joe Biden. También quedarían lejos del objetivo anunciado por el equipo de Trump de alcanzar un millón de deportaciones anuales.
El aumento del incentivo económico busca acelerar las salidas voluntarias y reducir los costos asociados a los procesos de detención y deportación forzosa. Sin embargo, la medida ha generado debate entre organizaciones de derechos humanos y especialistas, que advierten sobre la presión económica y psicológica que puede ejercer sobre poblaciones vulnerables.
Mientras el Gobierno defiende la iniciativa como una herramienta eficaz para gestionar la inmigración irregular, el contraste entre las cifras oficiales y las estimaciones independientes mantiene abierta la discusión sobre el verdadero alcance de la política migratoria y sus resultados reales.
