Estados Unidos inmigración vuelve a estar en el centro del debate tras revelarse que más de 75.000 personas sin historial penal fueron detenidas por el Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) durante los primeros nueve meses del Gobierno de Donald Trump. La cifra, divulgada por NBC News con base en datos del Deportation Data Project de la Universidad de California en Berkeley, muestra un aumento significativo en el número de personas arrestadas pese a no tener antecedentes delictivos.
Las estadísticas, obtenidas mediante una demanda presentada contra ICE, reflejan registros internos de la agencia encargada de rastrear detenciones, arrestos y deportaciones. Entre el 20 de enero y el 15 de octubre, esos 75.000 detenidos sin historial penal representaron más de un tercio del total de 220.000 personas arrestadas en operaciones migratorias que, según había afirmado el Gobierno, estaban dirigidas principalmente a individuos con historial criminal violento. Estados Unidos inmigración aparece así nuevamente como un tema donde la realidad de las cifras contradice la narrativa oficial.
Los datos divulgados no incluyen las detenciones realizadas por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), que este año llevó a cabo redadas en ciudades de gran tamaño como Los Ángeles. Esto sugiere que el número real de personas sin antecedentes arrestadas por autoridades migratorias podría ser incluso mayor. Además, el informe señala que ICE no distingue entre infracciones menores y delitos graves cuando clasifica a los detenidos con historial penal, lo que dificulta evaluar la gravedad de los casos.
El Deportation Data Project también muestra que cerca del 90 por ciento de los detenidos hasta mediados de octubre eran hombres. En cuanto a nacionalidades, la mayoría eran mexicanos, seguidos por guatemaltecos y hondureños. Estas cifras revelan un patrón que ya había sido denunciado por organizaciones defensoras de los derechos de inmigrantes y que ahora se ve respaldado por documentos internos de la propia agencia.
No existe claridad sobre cuántas de las personas detenidas en este periodo han sido deportadas. Sin embargo, casi 23.000 aparecen clasificadas como deportación voluntaria, una categoría que puede incluir desde salidas negociadas hasta retornos bajo presión ante la falta de opciones legales. Estados Unidos inmigración enfrenta así nuevos cuestionamientos sobre transparencia y prioridades en la gestión de su sistema migratorio.
La publicación de estos datos reaviva el debate sobre el alcance de las redadas migratorias y la forma en que se ejecutan. Para los críticos, los números confirman que las operaciones no se enfocaron exclusivamente en delincuentes peligrosos, sino que afectaron de manera amplia a personas sin historial penal. Para la Administración Trump, que defendía sus políticas migratorias como medidas de seguridad nacional, estas cifras podrían intensificar el escrutinio sobre sus prácticas durante el primer año de Gobierno.
