El nuevo paquete de defensa aprobado este miércoles por la Cámara de Representantes marca uno de los movimientos legislativos más significativos en materia de seguridad nacional durante este año. Valorado en 900.000 millones de dólares, el paquete de defensa incorpora varias de las prioridades estratégicas del presidente Donald Trump, pero también introduce restricciones directas a su intención de reducir el despliegue militar estadounidense en Europa. La votación obtuvo respaldo bipartidista y el texto será enviado ahora al Senado, donde se anticipa un apoyo similar.
La iniciativa contempla un aumento salarial del 3,8 por ciento para las fuerzas armadas y endurece la supervisión legislativa del Departamento de Guerra. La presión sobre el secretario Pete Hegseth ha crecido tras varios ataques contra embarcaciones en aguas internacionales que han dejado al menos 87 fallecidos desde septiembre. A partir de esta norma, el Pentágono deberá entregar grabaciones sin editar, órdenes operativas y documentos requeridos por el Congreso, bajo la amenaza de bloquear hasta el 25 por ciento del presupuesto de viajes de Hegseth si no cumple.
Uno de los puntos más relevantes del paquete de defensa es la prohibición de reducir la presencia militar estadounidense en Europa por debajo de 76.000 efectivos sin una certificación formal que garantice que la disminución no afecta los intereses estratégicos del país ni compromete la coordinación con aliados de la OTAN. Es una cláusula que contradice directamente el enfoque del presidente Trump.
El proyecto también autoriza 400 millones de dólares anuales para asistencia militar a Ucrania durante dos años, una medida respaldada por la mayoría de demócratas pero rechazada por figuras republicanas como Marjorie Taylor Greene. Además, elimina autorizaciones de uso de la fuerza heredadas de las guerras de Irak y del Golfo, y revierte sanciones sobre sectores clave de Siria, una petición sostenida desde hace tiempo por legisladores de ambos partidos.
Algunos demócratas advirtieron que estas modificaciones aún carecen de salvaguardas suficientes para evitar vulneraciones de derechos civiles. Sin embargo, coinciden en que el paquete de defensa es uno de los acuerdos bipartidistas más amplios aprobados en los últimos años.
