Estados Unidos Venezuela vuelven a situarse en el centro del debate internacional después de que Washington denunciara la muerte del exgobernador venezolano Alfredo Díaz, considerado por la oposición un preso político. La reacción del Gobierno estadounidense llegó mediante un mensaje en la red X, donde calificó el fallecimiento como un reflejo de lo que describió como la naturaleza vil del régimen de Nicolás Maduro. El caso aumenta la presión diplomática en un momento ya marcado por tensiones militares y políticas.
Según la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental, Díaz murió tras permanecer detenido en el centro conocido como El Helicoide, sede del Sebin en Caracas, un lugar señalado durante años por organizaciones defensoras de derechos humanos como espacio de tortura y detenciones arbitrarias. Estados Unidos Venezuela se encuentran así nuevamente enfrentados en un escenario donde las denuncias sobre represión interna y violaciones de derechos fundamentales adquieren una dimensión internacional.
El Ministerio para el Servicio Penitenciario de Venezuela aseguró que el exgobernador falleció por un infarto. Sin embargo, dirigentes opositores como María Corina Machado y Edmundo González Urrutia atribuyeron lo sucedido a un patrón sostenido de represión estatal. Recordaron que, desde las elecciones presidenciales de julio de 2024, siete presos políticos han muerto bajo custodia, lo que para ellos descarta cualquier versión de muerte común o natural.
Ambos líderes subrayaron que las autoridades venezolanas tenían responsabilidad absoluta sobre la vida e integridad del detenido. Machado y González Urrutia sostienen que la muerte de Díaz se suma a una serie de hechos que ponen en evidencia las condiciones precarias y peligrosas en las que permanecen encarcelados numerosos opositores. La narrativa de Estados Unidos Venezuela encuentra eco en estas críticas, lo que intensifica la disputa diplomática entre ambos gobiernos.
El fallecido político, miembro de Acción Democrática y exalcalde, había sido arrestado en noviembre de 2024 tras cuestionar públicamente la falta de transparencia en los resultados presidenciales y denunciar la crisis eléctrica que afectaba al estado Nueva Esparta. Para la oposición, su detención formó parte de una ofensiva del Gobierno contra voces críticas luego de unas elecciones que consideran fraudulentas y destinadas a asegurar la continuidad de Maduro en el poder.
El contexto en el que ocurre esta muerte añade inquietud. Washington mantiene presencia militar en el mar Caribe bajo el argumento de combatir el narcotráfico, una acción que Caracas interpreta como una amenaza y un intento de propiciar un cambio de Gobierno. En este clima de creciente desconfianza, la muerte de Díaz se convierte en un punto de fricción que podría influir en los próximos movimientos de ambas administraciones.
El caso, marcado por denuncias cruzadas y exigencias de investigaciones independientes, vuelve a colocar la situación de los presos políticos en Venezuela en el foco internacional. Estados Unidos Venezuela enfrentan así un capítulo más en una relación marcada por choques ideológicos, acusaciones mutuas y una crisis política que continúa profundizándose.
