Gerardo Reyes lleva casi dos meses detenido por ICE en Texas, lejos de su familia, de sus trabajos y de la vida que construyó durante más de dos décadas en Estados Unidos. Desde un centro de detención migratoria, dice que le duele una muela, que ha pedido atención médica varias veces y que solo le han dado analgésicos.
También asegura que el frío dentro del centro es excesivo, que les quitaron cobijas y suéteres, y que cuando llueve entra agua por las ventanas. A su alrededor, afirma, hay personas con problemas respiratorios. Pero el dolor físico no es lo que más lo angustia.
“Me siento desesperado. Todos los gastos se me están acumulando y, ¿de dónde lo va a sacar uno?”, dijo a EFE en una videollamada desde el centro.
Reyes, de 45 años, es padre de ocho hijos e hijastros y el principal sostén de su hogar. Además, cuida a su esposa, Sanjuana Escalante, ciudadana estadounidense que quedó discapacitada tras un accidente de coche. Antes de su detención, trabajaba arreglando salones y también como cocinero por las noches.
Detenido por ICE en Texas tras una parada de tránsito
El caso de Reyes comenzó el 14 de marzo en San Marcos, Texas. Según reportes locales, la policía respondió a una llamada sobre una adolescente presuntamente desaparecida y un vehículo que coincidía con la descripción dada por la persona que hizo el reporte. Reyes viajaba como pasajero en una camioneta manejada por su hijo Esteban, de 17 años.
La familia sostiene que la detención fue irregular. Según su versión, el agente les pidió bajar del vehículo sin explicar claramente el motivo. Esteban se negó al principio y preguntó por qué lo detenían. Reyes insistió en que su hijo era menor de edad y trató de intervenir.
Ambos fueron arrestados por presuntamente interferir con funciones públicas. El cargo contra Reyes fue desestimado, según la información proporcionada por la familia a EFE. Sin embargo, tras el arresto, el padre pasó a custodia migratoria.
Medios locales reportaron que las autoridades determinaron después que la joven relacionada con la llamada nunca había salido de su residencia. Ese dato ha alimentado las críticas de la familia y activistas, quienes consideran que todo comenzó por un reporte falso.
La familia enfrenta una crisis económica
Para Escalante, la ausencia de Reyes no solo es emocional. También es económica y física. “Yo dependo de él, es quien sostiene a la familia financiera, emocional y físicamente”, contó a EFE.
La pareja había intentado ajustar el estatus migratorio de Reyes, pero tuvo que pausar el proceso para cubrir gastos médicos de Escalante. Ahora, con él detenido, la familia teme no poder sostener la casa.
Guadalupe Sarinana, una de sus hijastras, dijo que su madre vive con poco más de 1,000 dólares mensuales por discapacidad del Seguro Social. “Nadie puede vivir solo con eso. Estamos todos haciendo horas extra y aportando, pero nos estamos drenando”, explicó.
Reyes también piensa en las cuentas pendientes: el teléfono, el alquiler, la camioneta que quizá tendrá que vender y la incertidumbre de no saber cuánto tiempo más permanecerá detenido.
Funcionarios y activistas piden respuestas
El caso ha generado protestas y atención de funcionarios locales. El juez del condado de Hays, Ruben Becerra, dijo estar preocupado por las circunstancias del arresto y señaló que no quiere que la policía local actúe como agentes de ICE.
Además, el Departamento de Policía de San Marcos colocó en licencia administrativa al oficial Jaciel Cortina mientras se revisan sus acciones durante el arresto. La ciudad no ha dado detalles completos por tratarse de una investigación interna en curso.
El Departamento de Seguridad Nacional confirmó el arresto y señaló a EFE que Reyes González tiene dos condenas antiguas por conducir en estado de ebriedad, de 2004 y 2005. Bajo la Administración de Donald Trump, dijo un portavoz, “los extranjeros ilegales criminales no son bienvenidos en EE.UU.”.
Laura Flores, abogada de American Gateways, considera que el caso refleja un patrón más amplio. Según explicó a EFE, bajo el actual Gobierno se han intensificado los acuerdos entre policías locales y autoridades migratorias, lo que puede convertir cualquier contacto con la policía en un proceso de deportación.
Una audiencia que puede cambiarlo todo
Reyes tiene una audiencia migratoria programada para este martes, según su familia. Lleva más de 20 años sin regresar a México. Para él, una deportación significaría llegar a un lugar que ya siente ajeno.
“Sería llegar a un lugar desconocido”, dijo. “Espero que me dejen aquí. Es lo que deseo con todo mi corazón. En dado caso de que yo me vaya para allá, es perder todo”.
Su historia muestra el impacto humano de una política migratoria que muchas veces se mide en cifras, arrestos y expedientes. Para su familia, no se trata solo de un caso legal. Se trata de quién paga la renta, quién cuida a una esposa enferma, quién mantiene un hogar unido y qué pasa cuando una parada de tránsito termina con un padre detenido por ICE en Texas.
